Las Cloacas del Estado

Declaración de Intenciones de este Blog.

Posted in Las Cloacas del Estado by Nynaeve on 29 enero 2009
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No a la conculcación de derechos en Euskal Herria

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La guerra del Congo

Consejo de los Derechos Humanos, los USA y España

Posted in Las Cloacas del Estado, Sociedad, Tortura by Nynaeve on 6 abril 2009

Me desayuné con que los USA aspiran a ocupar un asiento en el consejo de los Derechos Humanos.

¡Casi me atraganto!, claro que lo peor vino luego, a saber:

1.- El objetivo de Washington es que el consejo funciones de modo más “efectivo”

2.- Se va a reestructurar y quieren estar “dentro”

3.- España valora positivamente que EEUU vuelva a estar “operativo y presente”

Y con tristeza constaté que ya no creo en cuentos de hadas, que esa inocencia hace mucho que la dejé atrás… traduzco:

1.- Más efectivo principalmente contra EEUU decida que los incumplen, obviando muchas veces todo lo que los incumplen ellos. Eso y todas las veces que los han incumplido en nombre de “la libertad”, “la democracia”, “la paz”, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

2.- Por lo que quiere estar en el ajo, para poder, hacer y deshacer a su antojo. Dado que es un organismo internacional, por lo menos estar dentro para poder influenciar. Miedo me da, cuando ese pueblo tan amante de estas “bonitas palabras, carentes de significado en la mayoría de sus bocas” se ha dejado colar, leyes que convertían prácticamente a los seres humanos en animales (por muy terroristas que fueran o no), para poder aceptar la tortura como algo legítimo de autodefensa.

3.- Pues eso, que a estos también se les ve el plumero. Si España lleva décadas de retraso en la prevención, investigación, persecución y castigo en temas como la tortura y los abusos de poder, ¡qué va a decir de los que pueden eximirles de su responsabilidad!

No nos vamos a olvidar de que el Ministro Rubalcaba se ha sumado a la “lucha preventiva” antiterrorista y primero detiene, luego “piensa de lo que se les puede acusar” …. ¡qué raro que luego, terminen como imputados en integración en banda armada! y eso que se les incautaron… ¡¡¡unos mecheros, pegatinas y carteles para una mani contra el TAV!!!

Así que… ¿estamos de enhorabuena?… a mi se me atragantó el desayuno… el resto, pues juzguen ustedes…

P.D.: Ni que decir tiene que si nos ponemos a hablar del hambre, del derecho a un trabajo digno, a tener un techo, agua, educación, sanidad… nos podemos coger una depresión de cuidado…

España ante la tortura… de otros… claro…

Posted in Las Cloacas del Estado, Sociedad, Tortura by Nynaeve on 31 marzo 2009

¡Cómo se puede ser tan hipócrita!, es lo primero que he pensado al leer que un tribunal español va a investigar a colabores de Bush, por la tortura que se ha producido en Guantánamo.

Cuando me he dado cuenta de lo que estaba pasando, he pensado que siempre es menos que nada y que ojalá consigan algo, porque todo lo que sea luchar contra la tortura tendrá mi “bendición”.

Ahora bien, luego he lamentado que nadie haga lo mismo con España. Que nos lleven ante los tribunales, por ejercerla, taparla, ampararla y no prevenirla, no investigarla y mucho menos castigarla.

Quizá fuera porque los colectivos a los que se infringía eran menores o “deshechos de la sociedad”. Claro que tras ver cómo van subiendo de tono la respuesta de las fuerzas de seguridad, ya sea en Barcelona, dónde se trató a estudiantes como criminales o Vallecas dónde es muy curioso el fenómendo de que aquí se cargara contra “la víctima”, que protestaba de la celebración de el enaltecimiento de la violencia primeramente infringida.

Así que al generalizarse el daño, entenderá el estudiante, el trabajador, esos que no se han movido hasta ahora, porque… se vive bien en el estado del bienestar, mientras no seas un proscrito de la sociedad, ahora van a sentir en sus carnes, lo que han sentido previamente, otros… ¿hará que se muevan?

Y ya que estamos, ¿hay algún otro tribunal que nos eche un amanita?, joé nosotros echamos una manita a limpiar “otras casas”… ¿quién nos ayudará a nosotros… y ¡cuándo!?

No eran violentos…

Posted in Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 19 marzo 2009

Una canción para recordar a Mikel Zabalza

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad, Tortura by disidente on 17 marzo 2009

Mikel Zabalza fue detenido por la Guardia Civil el 26 de Noviembre de 1985 y días después apareció muerto en el rio Bidasoa.

Gritos de impotencia
me despertaron en la madrugada .

Armas de odio
equivocado apuntaban.

Bocinas y sirenas
sonaban como celebración.

Huellas de miedo y dolor
a su paso por la población.

Niegan!

Niegan, niegan , niegan , niegan,
los que torturan.

Niegan, niegan , niegan , niegan,
los que torturan .

Niegan, niegan , niegan , niegan,
los que torturan .

Niegan!

Un habitáculo habían preparado
para la humillación.

No, tenían respuestas
las preguntas del torturador.

Electrodos pereteritos,
golpes en la bañera, ahogado…

Otro intento de suicidio
esta vez consumado.

Niegan!

(estribillo)

Pueblo solidario se echan la calle
por esa angustia viva.

Para la memoria queda
en espera que se haga justicia.

Pueblo solidario que anuncian la calle
esa tragedia sangrante.

Desde el poder
niegan los hechos para que las iras amainen

(estribillo)

Niegan!

ASÍ FUE ASESINADO MIKEL ZABALZA


Cuando la política se mezcla con la judicatura y viceversa…

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 14 marzo 2009

En este artículo se pone de manifiesto un montón de cosas, se ha escrito principalmente para señalar el peligro que hay de traspasar la línea entre la separación de poderes, sí, pero con ello también se denuncia que el desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos, permita que tanto el poder judicial como el gubernamental, puedan aprovecharse de la iniciativa ciudadana.

En ocasiones el ejercicio de ciertos derechos, incluso cuando se trata de los consagrados en la Constitución como fundamentales, requiere de algún tipo de actuación previa que involucra a la Administración. Piénsese en el derecho de huelga y el discutidísimo régimen de fijación de servicios mínimos en ciertos sectores (con su añeja regulación preconstitucional que, por ese mismo motivo, nadie tiene muchas ganas de tocar pues supondría enfrentarse a los riesgos de abrir un melón peliaguado, más todavía porque hay siempre por ahí malvados talibanes jurídicos con la insólita pretensión de que la letra constitucional de los derechos y libertades fundamentales haya de enhebrar e inspirar la práctica y legislación ordinaria). Pero la normalidad con la que en España asistimos a que ciertos derechos fundamentales y su ejercicio sean regulados, matizados, delimitados o como quiera llamarse ex ante por una institución judicial como la Audiencia Nacional (que, por supuesto, es parte de la jurisdicción ordinaria, pero, seamos serios, hemos de reconocerle que tiene un perfil muy determinado y, siquiera sea por cuestiones estéticas, la cosa choca) me tiene perplejo. Tanto que, llegados este punto, sólo me queda preguntar al mundo, dado que me confieso incapaz de entenderlo, a santo de qué viene esto. Jurídicamente, quiero decir. Que el derecho de reunión acabe dosificado por el juez penal, ¿en qué precepto legal se justifica?

Si le indicamos a GoogleNews que nos busque los resultados que aparecen si introducimos los términos “Batasuna” y “manifestacion” obtenemos algo así. Si ponemos “Batasuna” y “acto” esto otro. Desde hace unos años, a buen seguro, las cosas ya debían de venir siendo similares. Y, ya a mediados de 2007, es fácil intuir que durante unos meses, como mínimo, los resultados seguirán siendo semejantes. A saber, referencias a noticias que explican que una manifestación o tal otra han sido autorizadas o no. Más en concreto, noticias del estilo “Garzón prohíbe la manifestación…” o, por el contrario, “Garzón finalmente autoriza…” O, respecto de los últimos acontecimientos, el esperpento de que Garzón, a instancias de la fiscalía y de acciones populares varias, decidea autorizar o no ciertos actos y reuniones según que los organizadores se comprometan o no a nombrar unas palabras u otras, a silenciar unos concretos términos, a hablar de unas cosas o de otras.

Los medios de comunicación informan cumplidamente a los ciudadanos, por tierra, mar y aire, de esta situación. Si una manifestación se juzga (prejuzga, en sentido estricto) que va a consistir en loas al terrorismo, en apología de actuaciones delictivas o en expresiones de apoyo a organizaciones declaradas ilegales, Garzón no la autoriza, mientras que si, por el contrario, al juez de instrucción de la Audiencia Nacional de turno (que suele ser Garzón, ya decimos) le parece que la manifestación no consistirá en nada de eso la autoriza. Todo claro, ¿verdad? Los ciudadanos son autorizados a manifestarse o no dependiendo de si previsiblemente el contenido de sus reivindicaciones es aceptable a la luz del marco normativo vigente en España en materia de terrorismo. O, a la hora de organizar actos partidistas, según se vaya o no a hacer referencias a partidos ilegalizados, como es el caso de Batasuna.Y, sin embargo, las cosas no están tan claras.

A cualquier jurista le sorprende, a poco que se pare a pensarlo, la manera en que se transmiten estas informaciones. Porque pareciera, como se dice, que las reuniones han de ser autorizadas o no por un juez para celebrarse. Y nada más lejos de la realidad. Más bien las cosas funcionan de una forma radicalmente contraria. Adicionalmente, y la cosa es más extravagante todavía porque aquí ya no se trata únicamente de que los medios de comunicación deformen de manera grosera (si bien involuntaria) los perfiles básicos de un derecho constitucional, puede uno preguntarse qué pinta un juez penal, un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, en todos estos fregados.

Lejos de requerir de autorización previa, la Constitución establece que los ciudadanos podemos manifestarnos sin ella:

Artículo 21 de la Constitución: 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Así pues, no es necesario obtener una autorización previa para poder manifestarse. Únicamente es necesario, según quedó establecido en 1978, comunicar previamente a “la autoridad” que se va a hacer uso del derecho (y ojo, sólo en algunos casos que no parecen incluir reuniones en lugares cerrados), como desarrolla perfectamente la legislación aplicable (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión):

Artículo 3 LO 9/1983: 1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.

Artículo 8 LO 9/1983:La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se trataré de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

La intervención de los poderes públicos que en condiciones normales prevé la norma es, en esta materia, de la Administración. No de los jueces.

Artículo 10 LO 9/1983: Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Articulo redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril).

Corresponde también a la “autoridad gubernativa”, en su caso, suspender y disolver las reuniones ilícitas conforme a las leyes penales, las que puedan suponer problemas de orden público, etc. (según dispone el artículo 5 y ha aclarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de marzo de 2002, de la Sala Tercera, en la que fija la doctrina legal al respecto). Administración o “autoridad gubernativa” que, por cierto, desde que en 1999 el Parlamento añadió al respecto una disposición adicional a la ley, ya no será necesariamente la estatal porque también tendrán competencias “además de las de la Administración General del Estado, las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana”.

Y sólo, de no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición o restricción, queda abierta la posibilidad de recurrir al juez. Juez que, lógicamente, es el de lo contencioso administrativo, cuyas funciones son revisar la corrección o incorrección jurídica de la actuación administrativa, esto es, de la prohibición o restricción en el derecho fundamental.

Artículo 11 LO 9/1983: De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita inmediatamente el expediente a la Audiencia.
El Tribunal tramitará dicho recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 7. de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

Pues bien, en este estado legal de cosas, ¿qué pinta Garzón autorizando o desautorizando manifestaciones o convocatorias de actos? Porque yo, lo reconozco, no entiendo nada. No sé de dónde sale tan anómala construcción jurídica a la hora de condicionar el ejercicio de un derecho fundamental. Y, como se hace casi a diario y a todo el mundo le parece normal, supongo que es porque la alteración del esquema normal y garantista respecto del derecho a que asistimos cotidianamente tendrá una explicación jurídica. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien puede ilustrarme sobre cómo se concilia con el estricto enunciado constitucional del derecho fundamental de marras?

A mí se me ocurren dos posibilidades:

– Que la Ley de Partidos lo ampare y yo no lo sepa. Esta explicación tiene dos problemas. Por más que me miro la ley y la LOPJ (el famoso artículo 61 y demás disposiciones que regulan el procedimiento) no encuentro precepto alguno que prevea esta posibilidad. Ése es el primer problema. El segundo que, adicionalmente, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 48/2003 se preocupó de dejar claro que la mencionada Ley de Partidos sólo era constitucional (entre otras cosas) en el bien entendido de que no suponía merma alguna de los derechos de participación política de los ciudadanos que pertenecían o habían pertenecido al partido ilegalizado ni, por supuesto, de los que comparten ideas políticas con el mismo. De manera que no se entiende muy bien que en aplicación de la mencionada ley, tan estrictamente encuadrada, pueda articularse un régimen de control pretoriano y previo sobre las actuaciones públicas, el ejercicio del derecho de reunión, de la llamada “izquierda abertzale“.

– Que, dado que la Audiencia Nacional instó por vía penal la disolución de Batasuna en aplicación de los preceptos del Código que penan la asociación ilícita, toda esta catarata de decisiones autorizatorias, denegatorias o delimitadoras respondan a la vocación controladora del juez de instrucción de turno que, desde la Audiencia Nacional, se entendería obligado a velar por la buena marcha de su sumario, en sede cautelar, interviniendo sobre cualquier “movimiento” que pueda detectarse en el mundo próximo o cercano al de la asociación ilegal y los miembros de la misma a los que persigue por la comisión de determinados delitos. Ocurre, sin embargo, que (aunque en ocasiones parezca lo contrario) el poder de la Audiencia Nacional y de sus instructores ni es omnímodo ni es jurídicamente correcto o deseable que lo sea. Por lo que todo esto no sería sino, a mi entender, cierto exceso. Al menos, mientras no me lo explique alguien para que lo entienda. Porque, de momento, no lo entiendo. Y, a todo esto, la doctrina del TC en la citada sentencia, respecto a la plenitud de los derechos políticos de los ciudadanos de la “izquierda abertzale” (en este caso concreto, esto es, en todo lo referido a la ilegalización de Batasuna), ¿cómo casa con un panorama semejante? Porque el derecho de reunión, aunque la palanca a partir de la cual actuáramos fuera la jurisdicción penal y no la ley de partidos, sigue siendo un derecho fundamental de esta gente. ¿Puede en el marco de un procedimiento penal supeditarse sistemáticamente su ejercicio, de esta forma, a una previa aprobación por parte de la Audiencia Nacional?

El caso es que, a veces, uno se pregunta si no acabaremos viendo a alguna “autoridad gubernativa” actuando contra algún juez de la Audiencia Nacional obedeciendo a lo que prescribe el art. 3.2 LO 9/1983 que obliga a actuar contra quien perturbe el ejercicio del derecho.

Más sobre ilegalizaciones…

Posted in Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 7 marzo 2009

Siguiendo con lo que consideramos un gran descubrimiento, análisis de las leyes, desprovisto de ideología, hoy volvemos a traer un artículo de No se trata de hacer leer, sobre la ilegalización de partidos. Es refrescante comprobar que también en ese círculo, son conscientes de la pescadilla que se muerde la cola nuestro mal llamado hoy por hoy, Estado de Derecho y que por ello mismo, saludan con buena cara, lo que puede ser un correctivo en cuestión de Derechos Humanos en toda regla…

A la vuelta del puente de la Constitución, publica hoy El Mundo una noticia muy importante respecto de la correcta interpretación del marco axiológico que ordena nuestra convivencia. Al parecer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con todo lo que ello significa, ya ha decidido admitir el recurso de Batasuna contra su ilegalización. El recurso defiende que la Ley de Partidos (y la interpretación constitucionalmente sancionada por el TC de la misma que permitió al Reino de España disolver la organización abertzale) son contrarias a las normas de mínimos en materia de protección de los derechos humanos vigentes en toda Europa. Como bien señala la noticia, la mera admisión del recurso es más que significativa aunque, como es obvio, de este asunto habrá que hablar mucho cuando llegue la sentencia.

Lo cierto es que a mí me habría gustado más que, puestos a defender ciertos valores básicos, hubiera sido el Tribunal Constitucional el que se lo hubiera currado en su Sentencia 48/2003, el que hubiera sido capaz de sustraerse a la marea política del momento y se hubiera puesto exigente en materia de derechos humanos. Ésta es, de hecho, una de las funciones de los juristas. La de ponernos “tontos”, aunque no se entienda socialmente, en ciertos momentos, cuando el clima no acompaña, al menos no de primeras, nuestro cerril emperramiento en defender nuestras “absurdas y rígidas garantías”. La tentación del atajo es humana y muy comprensible en su generación y ejecución. La comunidad jurídica, por mucho que obviamente no tenga capacidad para imponer sus obsesiones de fondo a largo plazo, sí puede y debe (dado que en principio sólo ella puede hacerlo bien, bien de verdad, con capacidad para ser efectivo valladar frente a tentaciones coyunturales), mantenerse firme en la defensa de ciertos bienes y garantías adquiridas para todos gracias a mucho esfuerzo colectivo, que se encuentran en la base del éxito de nuestro modelo de sociedad. Con calma, cuando pasa la situación de necesidad, superada la tentación del atajo, casi todo el mundo es consciente de la conveniencia de construir nuestra convivencia respetando esos valores y garantías. Afortunadamente. El problema es qué hacer, cómo actuar, cuando falta la calma e impera la urgencia. Por eso es tan importante que, quienes tienen la responsabilidad de velar por tan importantes bienes, no cedan a las primeras de cambio. Será en parte triste, por este motivo, que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que haya de enmendar la plana al Tribunal Constitucional (si es que finalmente es lo que acaba ocurriendo). Triste, pero necesario, dado que nuestro Tribunal, así como nosotros como juristas, como comunidad, hicimos una manifiesta dejación de nuestras funciones al no funcionar como freno a las bajas pasiones sociales sino, antes bien, en algunos casos, incluso azuzarlas.

La Sentencia 48/2003, muy resumidamente, optó de forma cobarde por “interpretar” la Ley de Partidos a partir de unos postulados que sí permitían predicar su constitucionalidad. Aunque técnicamente la solución podía ser aceptable y, de hecho, la sentencia es incluso correcta, suponía de facto hacer dejación de las funciones que tiene encomendadas en Tribunal. Porque la Sentencia, resumidamente, obligaba a interpretar la ley de forma que no podría ser aplicada, de manera que no permitiría ilegalizar partidos por cuestiones de mera ideología y de la manifestación de la misma. De este modo entendida, es cierto, la ley sí podía ser constitucional, pero era obvio que lo era, entre otras cosas, porque pasaba a no servir para nada, a no aportar nada nuevo a nuestro ordenamiento. Por esta razón digo que el hecho de interpretarla de esa manera para hacerla constitucional era cobarde y suponía hacer dejación de funciones: permitía la subsistencia en el ordenamiento de una ley que, entendida como dijo el TC, nunca sería utilizada, por lo que a nada servía y, a cambio de tan magro rédito nos traía el evidente riesgo de, por la puerta de atrás, avalada su permanencia en el ordenamiento jurídico, abrir la puerta a la posibilidad de que fuera utilizada a partir de los criterios interpretativos teóricamente proscritos por el TC. Como, de hecho, ocurrió con posterioridad, amparando una ilegalización de base ideológica mientras el TC se lavaba las manos y olvidaba las cautelas de su propia sentencia de marzo de 2003. Y, así, gracias a la ley de partidos, podemos ilegalizar a formaciones políticas por motivos tan peregrinos como, por poner un ejemplo (que fue determinante en su día para la ilegalización de Batasuna tras un atentado en Santa Pola y que vuelve hoy a estar en boga), no condenar la violencia terrorista.

Si la única manera de remediar este estado de cosas es que venga el TEDH y nos enmiende la plana, manifiesta como es a estas alturas la ausencia de voluntad (o de capacidad) que hemos demostrado los juristas españoles para oponernos a estas aberraciones, pues bienvenida sea.

Fuente original

Historia de una vulneración de derechos: La Ley de Partidos III

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 2 marzo 2009

Este es el último artículo de la serie que pudimos leer en No se trata de hacer leer al respecto de la Ley de Partidos (no a la conculcación de derechos que gracias a ella se están produciendo, pero esos ya vendrán más adelante).

Bueno, pues vamos a meternos en harina de una vez. Cuando antes de las elecciones empecé a escribir una introducción sobre libertades, derecho de sufragio pasivo y posibilidades de restricción en democracia de la defensa de ciertas ideas políticas (aquí la primera y aquí la segunda parte) mi intención era acabar con un análisis somero de la ley de partidos y explicar a continuación cómo se había aplicado esta norma en estas elecciones municipales. Mi aspiración, indudablemente ambiciosa, era contar la verdad (al menos, la verdad jurídica) sobre el asunto. Lo cual era algo a la vez novedoso (nadie la cuenta por ahí con demasiada claridad) y pretencioso (en general, cualquiera que pretenda ir por ahí haciendo creer a la peña que sabe qué se cuece ahí arriba en materia antiterrorista es bastante imbécil, aunque todavía más estúpidos son los que le creen). Pero, de todas formas, sí creo que se puede aspirar a clarificar un poco el concreto marco jurídico en que estas batallitas se libran. No pasa nada por hacerlo y tampoco nada por tratar de hacerlo diciendo la verdad. Así que a eso vamos.

Además, también demostró ser osada mi intención de acabar estos textos antes de las elecciones. Mis disculpas a todos por este retraso que, espero, no haga totalmente prescindible el texto. De hecho, los acontecimientos posteriores (ruptura formal de la tregua por parte de ETA, inevitable retorno al consenso de los dos grandes partidos…) quizá faciliten esa pretensión mencionada arriba de contar las cosas con claridad, dado que permiten aproximarse a este asunto con un prisma más desapasionado.

3. La legendaria táctica del “sólo la puntita”

Decíamos ayer que la Ley de Partidos es una manifestación de esa forma de hacer las cosas que consiste en “meter sólo la puntita”. Como si, al limitarnos de esta forma, no pasara nada. Pero, como miles de curas han explicado a lo largo de siglos a jóvenes apurados, el pecado no entiende de puntitas (los embarazos, por la visto, tampoco necesariamente se toman demasiado en serio estas cosas). Uno puede aquietar así su conciencia, quizás. O intentarlo. Puede autoconvencerse de que no está infringiendo esta o aquella regla de conducta porque, a fin de cuentas, “sólo es la puntita” Pero lo cierto es que arribar a tal convicción tiene más que ver con las ganas de creer que con la realidad. Y normalmente sólo conduce, si uno se lo cree de verdad, a que uno se haga un lío todavía mayor. Porque a veces no es posible conciliar ciertas cosas, por mucho que nos duela. Y uno no puede querer disfrutar de verdad del sexo, experimentar y saber de qué va, pero a la vez pretender mantenerse virgen, casto y, en un sentido rancio, puro. Pues no. O una cosa o la otra.

Con un modelo constitucional como el nuestro, de democracia no militante, la Ley de Partidos se enfrenta a un dilema semejante. Porque es una ley que se aprueba con la intención expresa de lograr un instrumento jurídico que permita ilegalizar al brazo político de la izquierda abertzale. No porque colaborara con actividades terroristas o contribuyera a financiarlas. Algo así, como es lógico, en España está y ha estado siempre prohibido y comporta, caso de que se pruebe, la ilegalización de la asociación o partido que se dedique a cualquier tipo de actividades ilícitas. No digamos ya si estamos hablando de terrorismo. Pero en España los intentos de ir por esta vía y de probar conexiones de HB y sus sucesoras con las actividades delictivas de ETA habían fracasado siempre con estrépito. Por este motivo era precisa una Ley de Partidos que permitiera ilegalizar a partir de una base fáctica menos exigente. En concreto, la idea es que el simple apoyo a la causa terrorista, la apología de la acción armada o, como se debatió durante la tramitación de la ley, la mera “no condena del terrorismo” permitieran instar la ilegalización de un partido. De hecho, cuando una vez aprobada la ley el proceso se inició contra Batasuna el motivo que lo desencadenó fue la no condena de Batasuna a un atentado en Santa Pola donde mueren dos personas.

El problema al que nos enfrentamos es evidente. En el fondo, vamos a plantear y a permitir una ley que ilegaliza partidos por las ideas que defienden o dejan de defender, por su simpatía por formas no democráticas, violentas y delictivas, de actuación, pero no porque se haya probado que participa o colabora con ellas (como digo, esto siempre ha sido algo que acarreaba la ilegalización de un partido político y, de hecho, en medio de un clima político muy favorable, que cristalizó precisamente en la Ley de Partidos, el juez Garzón también emprendió finalmente esta vía paralela para ilegalizar Batasuna, vía que por lo demás subsistía expresamente en la nueva ley). En una democracia no militante, algo así no es posible. Una ley como la de Partidos está, y todo el mundo es consciente de ello, en el límite de lo admisible (y eso siendo generosos). Pero se acepta porque hay un consenso social en el sentido de convicción compartida de que Batasuna y entorno son el brazo político de ETA. Y, dada la excepcionalidad de la amenaza terrorista, dado el amplio consenso contra ETA que se produce tras la ruptura de la tregua de 1998 (y, sobre todo, dado el consenso en torno a “meter caña”), casi todos optamos por mirar un poco para otro lado. Porque, total, gato negro, gato blanco…

Ocurre, sin embargo, que no se puede pretender seguir siendo virgen cuando se aprueban leyes como ésta que, de alguna forma, oficializan la voluntad del Estado de “ir a por todas” incluso a costa de asumir riesgos de constitucionalidad. Y esta pérdida de virginidad es especialmente peligrosa cuando de la lucha de una democracia, de un Estado de Derecho, contra el terrorismo se trata. Porque el ámbito en el que una sociedad no ha de permitir dejarse ganar la mano nunca por los terroristas es en el de la defensa de ciertos valores. A largo plazo, la más eficaz arma contra el terrorismo de una sociedad es la encarnizada defensa de sus formas, de sus garantías, de sus normas de ordenación de la convivencia.

La Ley de Partidos, a pesar de haber contado con un gran apoyo, fue rechazada por ciertos sectores de la población española. La Universidad y los juristas callamos, en general (aunque, la verdad, tampoco voy a fustigarme diciendo que permanecí en silencio porque, dentro de mis posibilidades, sí dije en su momento qué pensaba sobre este asunto), porque casi todos sabíamos perfectamente que nada de lo que dijéramos sonaría demasiado agradable a los oídos del consenso social existente. Que pedía y pide “caña“. Pero sí hubo ocasionales críticas, y partidos como Izquierda Unida o el PNV (a pesar de los evidentes réditos electorales que podía suponerle una ilegalización de parte de la competencia) manifestaron su oposición. No hicieron demasiada batalla del asunto, pero ahí quedó la cosa. El Gobierno vasco, además, planteó un recurso de constitucionalidad contra la ley y su aplicación ha sido también recurrida ante el TEDH (que, a todo esto, cualquier día puede darnos un susto, pero eso ya lo comentaremos cuando, en un sentido u otro, haya sentencia).

La triste historia de la Ley de Partidos se completa con la STC 48/2003 con la que se declaró constitucional la ley por medio de lo que se conoce como una sentencia interpretativa. Una sentencia interpretativa, muy resumidamente, es aquélla por medio de la cual el TC acepta la validez de una norma pero sólo si se interpreta de una manera muy determinada. Esto es, se trata de que, en aras a respetar al máximo la discreción del legislador, sólo se anulan leyes cuando no hay ninguna forma de interpretarlas que se adecue a la Constitución. Si, por el contrario, puede hacerse una lectura del texto conciliable con nuestra Carta Magna, el TC lo que ha de hacer es explicitarla, obligar a que la ley se aplique así a partir de ese momento y, bajo tal condición, declarar constitucional la ley.

El Tribunal se enfrentaba en la Sentencia 48/2003 al terrible callejón sin salida en que la clase política le había dejado. Porque literalmente (y más todavía interpretada como se había “vendido” que se debía entender la ley, por ejemplo permitiendo ilegalizaciones “por no condenar” el terrorismo) la ley era no ya inconstitucional sino abiertamente contraria al orden de valores que sustenta nuestro Derecho. Pero, a la vez, y más en asuntos del terrorismo, hay cierto consenso social y jurídico (o ha habido, hasta esta legislatura) en que mejor no meter bulla, tragarse algunos sapos y seguir todos la senda marcada por el Gobierno, salvo si las cosas ya pasan a ser sencillamente inasumibles. Las altas instancias del Estado, y los tribunales supremo y constitucional en primera línea, siempre han participado, lógicamente, de este credo. De modo que tampoco era cuestión de desautorizar al Parlamento. Pero claro, el problema es que la magnitud del sapo a tragar era demasiado grande. Incluso para un Tribunal Constitucional que, en esos tiempos, recordemos, estaba de lo más complaciente, como su Presidente se permitía señalar en público en cuanto podía, con la ofensiva contra los nacionalismos (incluidos los que no merecen sospecha alguna de haber aprovechado, alentado o comprendido cualquier deriva violenta) llevada a cabo por el Gobierno.

Así pues, el TC optó por lavarse la manos de forma muy hábil. Su Sentencia interpreta la ley de partidos para salvar su constitucionalidad, de forma que ya nada se oponía a su aplicación. De esta forma lavaba jurídicamente el asunto, imponiendo una interpretación que, muy resumidamente:

– no se ajustaba a la literalidad de la ley

– obligaba a interpretar los indicios que la ley enumeraba como posibles causas de ilegalización de forma conjunta para determinar si, de su valoración global, podía entenderse que tal o cual partido eran de facto una estructura de apoyo y ayuda para la realización de actividades delictivas (esto es, prohbía aplicar la ley de forma automática a partir de la mera expresión de ciertas ideas o posiciones políticas y acababa reconduciendo la posibilidad de aplicar la ley a algo perfectamente homologable a lo que ya existía, si bien permitiendo una prueba más sencilla e indiciaria); de esta forma el artículo 9, y en concreto el listado de causas del art. 9.3 quedaba muy matizado respecto a cómo había de aplicarse dado que o son elementos que de suyo constituyen actuaciones delictivas (y son superfluos como novedad legislativa) o son meros indicios mucho menos potentes de lo que pretendía la ley
– imponía un estricto respeto a los derechos de los ciudadanos que militaban, participaban o simpatizaban con los partidos políticos ilegalizados, caso de que no hubieran cometido delito alguno, por lo que la ley habrá de aplicarse permitiendo que en el futuro actúen con todas las libertades y garantías.

Sentada esta doctrina, la ley en realidad pasaba a valer para bien poco. El TC había embridado, al menos en abstracto y en teoría, el desmán. Pero, eso sí, permitiendo que la ley siguiera en vigor y fiando la efectividad de su loable preocupación por la defensa de la constitucionalidad a que la aplicación que se hiciera de la ley fuera estricta al seguir sus tesis interpretativas. De esta forma, en realidad, y más hablando de terrorismo y lo que cuesta que se enmiende la plana a la acción de gobierno en estos temas, ello suponía, en el fondo, a dar via libre. Porque de la correcta aplicación de la norma, por lo demás, nadie iba a estar demasiado pendiente. Pocos se molestarían en averiguar si se hacía de conformidad a lo que el TC había interpretado como única opción posible dentro de la Constitución. Así suelen ser las cosas, porque todos nos quedamos con el trazo grueso de la setencia: la ley era constitucional.

De hecho así ocurrió. De forma jurídicamente sorprendente porque para cualquiera que se preocupe de analizar de verdad las consecuencias de la sentencia resulta evidente que el TC se cargó la Ley de Partidos y la convirtió en un artefacto radicalmente inútil para el fin inicialmente pretendido. Porque las cautelas que estableció (la más importante, que las ilegalizaciones de partidos no podían nunca afectar, limitar o condicionar el ejercicio futuro de los derechos de sufragio y asociación por parte de las personas que formaban parte de esos partidos, cuestión por lo demás obvia en la Constitución, pero que supone una carga de profundidad evidente para poder aplicar la ley) convierten un empleo de la norma y una comprensión de sus fundamentos epistemológicamente rigurosos en sencillamente imposibles. La ley pasaba a ser casi superflua jurídicamente, aunque utilísima simbólicamente. Venía a significar el acuerdo de legislador e intérprete de la Constitución en que, si, aunque en los límites de lo admisible, en estos casos estaba justificado darle leña al mono.

4. Cuatro años más tarde, una vuelta de tuerca a la doctrina jurisprudencial en materia de ilegalizaciones

Afortunadamente para los amantes de la Ley de partidos a los juristas nos caracteriza una legendaria torpeza epistemológica así como cierto respeto al poder establecido y nadie relevante tenía demasiado interés en buscarle las cosquillas al Gobierno. Se ilegalizó Batasuna y se actuó contra las agrupaciones de electores que pretendieron sustituirla en las municipales de 2003 (luego, como es sabido, se coló en las elecciones autonómicas el Partido Comunista de la Tierras Vascas, sin que el Gobierno se enterara a tiempo o pudiera -o quisiera- hacer nada). Cuando estas actuaciones fueron fiscalizadas por el Tribunal Constitucional, recordando los recurrentes al TC su sentencia en que decía que la Ley de Partidos sólo era constitucional si se aplicaba salvaguardando todos los derechos de participación política de las personas que habían pertenecido a partidos ahora ilegales, el TC se vió en un aprieto, pero lo salvó con un hábil quiebro: para amparar la ilegalización de las agrupaciones que quería el Gobierno trató de identificar indicios que, a su juicio, conformaban una evidencia suficiente de continuidad respecto de lo que fue el partido ilegal. Como es obvio, su propia jurisprudencia impedía que estos indicios fueran las personas que habían militado o estado en las listas de esos partidos, personas que, recordemos, conservan todos sus derechos de participación política. Pero el TC argumenta que una cosa es la consideración respecto de cada persona de esta cuestión y otra muy distinta que la adición de individuos de esta extracción no suponga un elemento que permita predicar que la agrupación o partido en cuestión es en realidad una continuidad del ilegalizado. De forma que se montó una doctrina de suyo endeble y arbitraria pero que, y es de lo que se trataba, permitía salir del paso. Más de tres personas “contaminadas” permiten entender que la lista, agrupación o partido es continuación del ilegalizado e instrumento para tratar de burlar la ley. ¿Por qué motivo se estableció el umbral aquí? Muy sencillo, porque de esta forma se fijaba un criterio que, a salvo de un par de decenas de casos en pequeñas localidades, amparaba las pretensiones del Gobierno de ilegalizar tres centenares de listas. Precisamente eso era, y no otra cosa, lo que quería hacer el Tribunal. Y lo que hizo fue buscar un criterio ad hoc que le permitiera llegar a la solución que buscaba.

A casi nadie se le escapa que la forma de actuar del Tribunal plantea numerosos problemas. Uno, muy grave, de lógica jurídica. Porque si yo digo que la Ley de Partidos sólo se puede aplicar dejando a salvo los derechos de participación política de personas que nunca han sido acusadas de delito alguno, luego no puedo emplear el hecho de cómo estas personas hacen uso de su libertad contra ellas, privándolas de la posiblidad de libremente optar por una concreta opción política. El problema es que, aplicada la STC 48/2003 con rigor, la Ley de Partidos devenía inaplicable. Y no era eso lo que se quería. Pero el follón montado con este enredo es ya a ests alturas, al menos en Derecho, tremendo. Una ley que si se aplica constitucionalmente no sirve para nada, y queremos en principio respetar la Constitución, por una parte; una voluntad, por otra, de aplicarla a toda costa. Una esquizofrenia jurídica cierta. Una pena, en definitiva. Lo que suele ocurrir, vamos, cuando se pretende seguir aspirando a identificarse como adalidad de la pureza dado que sólo metemos, pues eso, “la puntita”.

Si un club de fútbol es disuelto por haber sido empleado de plataforma para blanquear dinero (hipótesis, como es sabido, de ciencia ficción en nuestro país), esto es, por haber sido vehículo de la realización de actividades delictivas, es obvio que esta disolución ha de dejar indemnes los derechos de todos los socios, aficionados o seguidores, a quien nadie podrá privar de su derecho, si les apetece, de poder volver a montar un club de baloncesto, de voleibol, de fútbol-playa o de curling. Pero ojo, también de fútbol. Que, de hecho, será lo más normal que pase, dado que es el deporte que les gusta. Pero claro, no es precisamente respetuoso con esa idea de que “tienen derecho a montar libremente lo que deseen” si luego entendemos que el hecho de que se monte un club de fútbol (uhhhh, fútbol, como antes, sospechoso) y que éste integre a personas que lo fueron del anterior en número suficiente (ummm, Mariano, ése que también estaba en el Almendralejo Fútbol Club primera versión, qué sospechoso) permite considerar, sin prueba adicional, que el nuevo club es continuidad de la asociación ilegal y que lo que pretende es seguir delinquiendo. Esto no respeta los derechos de los ciudadanos ni es serio. Entre otras cosas porque si estamos en un pueblo y nos gusta el fútbol, lo normal es que haya algunos de entre nosotros que vayamos a estar siempre en el club de fútbol del pueblo. Del mismo modo, si eres partidario de ETA y estás en Hernani, pues es bastante probable que si simpatizabas con Batasuna lo hagas también con las agrupaciones que ocupan su espacio electoral. Como en España se tiene derecho a defender ideas como ésta y como el TC ha dicho que la ley de Partidos sólo es constitucional si respeta estos derechos, los partidos vascos vieron pronto que ésta era una forma de buscar las cosquillas con las incoherencias del sistema: por la vía de constituir agrupaciones de electores, la izquierda abertzale podía seguir concurriendo a las elecciones. Al impedirlo el TC con los criterios señalados introducía una quiebra mayor en el sistema y visualizaba las flaquezas de su propia doctrina, devenida inaplicable porque en el fondo es que, sencillamente, es imposible aplicar la ley en los términos queridos por el TC (dado que de tal forma para nada serviría, nada permitiría hacer). Pero no sólo se trataba de esto, que es algo grave en el fondo. La forma de resolver el problema hacía algo peor porque sentaba las bases de más absurdo y más follón futuro: obligado a buscar una reglita de suyo arbitraria y convencional sentaba las bases que permitirían al entorno de la izquierda abertzale saber qué es lo que tenía que hacer para presentar listas que no pudieran ser anuladas (salvo, claro, si el TC cambiba su doctrina y de nuevo salía con alguna ocurrencia para salvar el caso ajustando sus pronunciamientos a los intereses del Estado).

Con este panorama hemos afrontado las Elecciones municipales. Y, más o menos, los elementos a integrar en la ecuación son:

– La Ley de Partidos es muy difícil de aplicar en sí misma, porque para ser constitucional acaba siendo ineficaz. Además, es un elemento de ataque autoinfligido a la legitimidad del sistema.

– El TC había sentado ya una doctrina sobre dónde se situaba el “umbral” que permitía entender que una agrupación de electores continuaba la actividad de un partido ilegalizado (los famosos tres elementos “contaminados”) que, por cuestionable y absurda que pueda parecer, era lo que había servido para cumplir los objetivos del Gobierno en 2003.

– Tanto la izquierda abertzale como el Gobierno sabían perfectamente, en consecuencia, cuál era la forma de “cuadrar” listas para que, siguiendo estrictamente la jurisprudencia del TC, fueran inobjetables.

– El Gobierno y la izquierda abertzale, si bien en plan ya muy chungo, seguían medio comprometidos con tratar de darse algo de cancha para ver si “el proceso” (esto es, las conversaciones en el marco de la tregua decretada en 2005) llegaba a buen puerto.

De todos estos elementos se deduce con facilidad lo que de verdad ha pasado jurídicamente con todo este asunto. La izquierda abertzale, sencillamente, se ha preocupado muy mucho de presentar listas que pasaran por el examen constitucional en los sitios donde de veras quería concurrir (esencialmente pequeñas y medianas poblaciones donde históricamente ha tenido mucho respaldo electoral, porque así podía ganar alcaldías o ser decisiva). A la vez, ha planteado listas lo suficientemente “contaminadas” allí donde le daba igual que la ilegalizaran, dado que podía compensar las pérdidas (siempre poco relevantes, porque se trata de lugares donde atrae menos voto) con la campaña de victimización que gratuitamente les brindábamos. Por este motivo se produce la paradoja de que en lugares de muy escasa población no se repiten nombres mientras en grandes capitales sí. No es que la “cantera” de los simpatizantes de ese mundillo sea sorprendentemente inversa a la población del municipio. Es que, por decirlo claramente, querían que les ilegalizaran. O habían asumido/pactado que lo harían. Y, por otra parte, sabían qué hacer para que les ilegalizaran o para que, por el contrario, no tuvieran más remedio, salvo nueva vuelta de tuerca constitucional difícilmente justificable, les dejaran concurrir.

Porque, por su parte, el Gobierno se ha visto cómodamente instalado en una situación en que, aplicando estrictamente los criterios del Supremo y del Constitucional de 2003, podía pedir la ilegalización de muchas listas mientras que, en cambio, dejaba tranquila a la izquierda abertzale en sus feudos. Que es lo que, por lo demás, ésta parecía estar deseando. En el marco de la ya acabada tregua, e incluso tras el atentado de Barajas, parece evidente que el Gobierno tenía cierto interés en normalizar el espacio de participación política de la izquierda nacionalista vasca más radical. Ya fuera por convicción democrática, ya por cálculo negociador. Pero lo importante, lo interesante jurídicamente, es que todo el kafkiano proceso de maduración de la Ley de partidos y la decantación jurisprudencial de sus pautas de aplicación permitían, de acuerdo con la estrategia de la izquierda abertzale, lograr estos objetivos simplemente con ceñirse estrictamente a la doctrina que fue fijada en 2003. Y todos tan contentos.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo no ha dejado escapar la oportunidad de criticar de nuevo al Gobierno, en una declaración particular y literalmente obscena. Porque es obvio que se podrían haber explorado otras vías de ilegalización (es más, las podría haber explorado alguien más y no sólo el Gobierno, ¿adivinan quién más podría haber tratado de instar a la ilegalización in toto, por ejemplo, de ANV, planteándolo en el Congreso de los Diputados?), es posible incluso que haya alguna posibilidad que hubiera permitido “llegar a tiempo” si de lo que se trataba era de seguir metiendo caña (sobre todo si se hacía todo vía ejecución de la sentencia ya dictada en su día de ilegalización), pero también lo es que es impertinente que el Supremo se pronuncie sobre estas cuestiones. De lo que ha de ocuparse es de analizar la legalidad o ilegalidad de las pretensiones que le llegan y le son planteadas. Quien las plantea es, lógicamente, quien tiene la legitimidad y la responsabilidad de hacerlo. Y la discusión sobre si lo hace bien o mal, cuando va más allá de lo jurídico, no corresponde a los juristas en tanto que tales.

La valoración que pueda merecer políticamente todo el episodio es cuestión de cada cual. La clave jurídica del asunto es que las leyes malas, constitucionalmente liminares, de imposible aplicación coherente, llevan en su seno las más de las veces en sí mismas los motivos de su fracaso. Cuando además su interpretación y aplicación se hace supeditando la corrección a la consecución de objetivos y se da a luz con ello a fórmulas tan absurdas como es el famoso criterio de “contaminación” sólo se están sentado las bases, en realidad, de un esperpento de tal magnitud como el que hemos vivido. Porque, por resumir, ANV y demás entes han visto cómo les ilegalizaban exactamente las listas que ellos querían que les ilegalizaran. Ni una más. Y ello ha sido posible porque es el modelo que hemos elegido el que lo permite. Como también ha permitido al Gobierno dejarles más o menos tranquilos dentro de esos límites. Y como, a la vista está, habría permitido más y más presiones a los límites de la interpretación constitucional coherente si ésta hubiera sido la línea que se hubiera querido seguir. Lo cual es preocupante, porque aunque está claro que el terrorismo es un problema excepcional, no lo está que haya que combatirlo con leyes jurídicamente excepcionales. Estaría bien que alguien empezara a plantear la necesidad de reconducir este tipo de normas a la normalidad y regularidad de nuestro modelo constitucional.

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¿Será cierto que al TS le empieza a dar vergüenza?

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 1 marzo 2009

Porque aun pensando que deberían estarlo y mucho ya por la ley de partidos o las ilegalizaciones que están efectuando, especial reseña tiene la ilegalización de Askatasuna, dónde hasta han confundido carteles de una asociación cívica ya ilegalizada con la de un partido, eso sin contar con que lo que parece de todas todas, es que la ilegalización estaba decidida, lo que les llevó tantas horas de trabajo, fue “vestir al muerto” para que tuviera la apariencia que ellos ya habían decidido de por si.

De todos modos esta reflexión mía viene a colación respecto al artículo de Andrés Boix: Y el tribunal supremo abrió la bocaque os ponemos a continuación:

Uno de los rasgos más notables de la carga contra la habitualmente denominada “izquierda abertzale” que está protagonizando el Gobierno en muchos campos y, en concreto, en el jurídico, es la radical ausencia de oposición a la misma, ya sea política o jurídica, que está encontrando. En general, la actitud del Gobierno, cuando es criticada, lo es por haber llegado a estas posiciones tarde y mal (algo así decía Rajoy este fin de semana) o por el tufo electoralismo que desprende la inusitada saña ilegalizadora con la que se está empleando ahora la Abogacía del Estado o la Fiscalía. Nunca, o casi nunca, porque el contenido de la actuación sea de auténtica vergüenza.

A mí me viene llamando mucho la atención (y, sinceramente, abochornando también) el fervor con el que el Tribunal Supremo ha seguido al Gobierno en estos asuntos. En algunos casos, como hemos tenido ocasión de comentar, frente a aberraciones jurídicas de enorme calado, como las producidas en materia de cumplimiento de condenas de terroristas. En otros, como es sabido, análogamente cuando se ha tratado de ilegalizar partidos políticos. O también cuando en sumarios masivos se ha criminalizado a tirios y troyanos cuyo único denominador común era un concreto posicionamiento ideológico. Ahora, de nuevo, para dar cobertura a la operación de ilegalización de partidos políticos y de exclusión del debate político de unas concretas ideas más masiva de la historia de la democracia, el Tribunal Supremo, con la inevitable pero siempre oportuna compañía desde la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón (que aparece y desaparece, más magnánimo o estricto, con una sorprendente unidad de criterio con las necesidades del país -según las entiende el Gobierno de turno-, de modo que más parece en su actuación un órgano más del Ministerio del Interior que un juez), se ha limitado a convalidar las pretensiones del Gobierno. Al menos, en lo sustancial.

Pero, por una vez, sin que sirva de precedente, los magistrados del Tribunal Supremo han opuesto un mínimo bemol a las maximalistas exigencias del Abogado del Estado. Conocido el seguidismo judicial en estos asuntos, la posición del Tribunal (que, si alguna vez se había permitido discrepar con el Gobierno siempre había sido, antes al contrario, para insinuar que no estaría de más meter algo más de caña) retrata mejor que cualquier otra apreciación que pueda hacer yo ante qué nos las habemos: un Gobierno que se está pasando de frenada en su pretensión y presión por la aplicación inusitadamente rigurosa de leyes que regulan de manera de por sí muy conflictiva cuestiones muy sensible, tanto desde una perspectiva democrática como desde la consideración de cuáles son las garantías básicas en un Estado de Derecho. La cosa es tan espectacular que incluso el Supremo, a estas alturas, empieza a sentirse embarazado. Se trata de algo, de veras, más que notable. Y muy significativo.

Historia de una vulneración de derechos: La Ley de Partidos II

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 1 marzo 2009

Seguimos con la serie de artículos publicados en No se trata de hacer leer referentes a la Ley de Partidos

En una democracia como la española, cuando tenemos elecciones, los ciudadanos pueden votar o ser votados libremente. Los derechos de sufragio activo o pasivo, con las restricciones más o menos conocidas por todos (edad, nacionalidad), son parte imprescindible del reconocimiento como miembro de la comunidad en cualquier Estado de Derecho. España no es una excepción. Se supone, además, que estos derechos no pueden depender del sentido en que vaya a orientarse su ejercicio. Esto es, que el reconocimiento de los mismos no está vinculado a que se vayan a defender unas u otras ideas (como elegible) o a apoyar éstas o aquéllas (como elector). Sin embargo, en España, desde hace unos años, cada vez que hay elecciones se monta un follón considerable a cuenta de la posibilidad de limitar en algunos casos el ejercicio de estos derechos. Con motivo de las elecciones del próximo 27 de mayo, por segunda vez, se ha actuado contra una serie de listas, quedando un número muy importante de ellas anuladas por los Tribunales Supremo (en primera instancia) y Constitucional (resolviendo los correspondientes recursos) tras la iniciativa de Abogacía del Estado y Fiscalía solicitando la adopción de estas medidas.

Voy a tratar, que ya veremos si sabré hacerlo, de contar la verdad sobre este enmarañado asunto a lo largo de sucesivos posts, más que nada por intentar de que la cosa sea ligerita (o lo menos pesada posible). Allá va la segunda parte (aquí la primera).

2. La amplísima esfera de libertad para la defensa de opiniones políticas en España

Esta cuestión ya nos introduce en el tema que nos ocupa y es la existencia de un límite, este sí muy bien definido, a cualquier pretensión cercenadora del derecho de sufragio activo o pasivo que tenga su origen en la ideología defendida o en las acciones de política y gobierno que quien lo ejerce se plantee llevar a cabo. Los derechos al voto y a ser elegido pueden estar muy condicionadas por las mencionadas normas de organización y de consecución de algunos fines públicos, pueden estar limitados sólo a los españoles mayores de edad, pero en ningún caso se pierden por quedar orientados en uno u otro sentido. Y ello porque, como el propio Tribunal Constitucional ha declarado en más de una ocasión, no es nuestro modelo el de democracia militante, donde la expresión de ideas y su defensa en la arena política queda limitada a aquellas compatibles con ciertos principios (democracia, respeto a las libertades…). A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, como por ejemplo el alemán, aquí nuestra Constitución ampara ampliamente la libertad ideológica y permite el mantenimiento de opiniones contrarias al propio orden constitucional, así como su defensa pública y la participación política de quienes deseen tratar de convencer de su bondad al resto de ciudadanos.

La emisión de ideas u opiniones de tipo político ha sido con los años, eso sí, crecientemente limitada a partir de algunas reformas del Código penal que han sido aceptadas por el Tribunal Constitucional:

– por colisión con otros derechos fundamentales (como la libertad religiosa, que sorprendentemente se entiende que puede quedar en entredicho si alguien hace burla o escarnio de los sentimientos religiosos, insólita asimilación de la protección tradicional de que gozaba la Iglesia católica en este país, cuando lo lógico es que en una sociedad plural como la nuestra lo que hubiera desaparecido es el tipo penal que protegía nuestra Iglesia tradicional, no extenderlo a todas las creencias, no vaya a ser que uno no pueda ni cachondearse del horóscopo),

– por incitación al odio racial y demás (lo que no está penando exactamente la emisión de opiniones racistas o xenófobas, ni la ideología que las tiene como credo y desea modificar el ordenamiento para adecuarlo a esta peculiar visión del mundo, sino aquellas que, teniendo como base estas ideas u otras, suponen un concreto resultado de incitación al odio y a la actuación violenta contra otras personas o comunidades),

– por la famosa expansión que el delito de apología sufrió, pero todavía matizada por el hecho de que el Código penal aclara que la apología sólo será punible cuando sea medio concreto de provocación para la comisión de delitos (así, por ejemplo, no entendía casi nadie que pudiera subsumirse en el tipo, por mucho que otros insistieran, la famosa actuación de Otegui de homenajear y llamar “gudaris” a unos etarras muertos, lo que dio lugar a su absolución, como ya habían manifestado varios tribunales frente a casos similares).

Sin embargo, aunque sí es detectable una deriva creciente hacia la criminalización de meras opiniones, que es expresión de que para nuestras sociedades ha pasado el tiempo en que se compartía de forma radical eso de que “la mente no delinque”, podemos seguir diciendo, con nuestro Tribunal Constitucional, que las ideas políticas en España pueden defenderse con total libertad, sean cuales sean.

Esta situación es la que ha permitido la existencia, con un apoyo electoral cuando menos notable (10-15% del cuerpo electoral) en el País Vasco y algo menor en Navarra, de partidos políticos que han defendido la actuación de ETA y han estado de acuerdo con el empleo, en un caso de opresión como el que creen que se da en el País Vasco y Navarra, de la violencia como legítima respuesta política a la previa agresión a sus derechos y los del “pueblo vasco” que, según ellos, protagoniza el Estado. Defender estas ideas en España es y sigue siendo legal, porque así lo dice nuestra Constitución y así lo quiso el pacto social y de convivencia que nos dimos. Lo que es ilegal es pasar a la acción o ayudar o colaborar de alguna manera en la comisión de acciones delictivas.

En este marco jurídico actuar contra HB, Batasuna, EH o cualquiera de los nombres históricos de estas organizaciones sólo era posible si se demostraba su condición de organizaciones ilegales, encuadradas en la organización terrorista y destinadas a servir a los fines de la banda como un medio más. O, en la inexistencia de pruebas suficientes para tomar tal medida, tratando de demostrar la concreta vinculación personal con la banda de algunos miembros de la organización. Por mucho que a muchos nos pueda parecer evidente que estos lazos quizás existieran y fueran suficientes para entender que Batsuna era ETA, un Estado de Derecho exige para ello que haya prueba de cargo que permita fundar la decisión. Conviene recordar que los distintos intentos de ilegalizar HB o Batasuna por esta vía, así como los reiterados esfuerzos por condenar a dirigentes de estas formaciones más allá de pruebas incriminatorias concretas contra alguno de ellos se saldaron siempre con espectaculares y clamorosos fracasos. El más espectacular y reciente, tras la condena de la totalidad de los componentes de la Mesa Nacional de HB por parte del Tribunal Supremo hace ya diez años, con un Tribunal Constitucional enmendando la plan de manera radical al Supremo y aceptando el recurso de amparo de todos los condenados.

Tras este brutal batacazo jurídico, la clase política española y las instituciones empezaron a asumir que, con el cuerpo legal de que nos habíamos dotado en desarrollo de la Constitución, no iba a ser posible liquidar estas organizaciones de la órbita etarra. Si el Estado (o, más bien, el concreto gobierno o la opinión pública del momento) querían hacer algo más era preciso contar con algún instrumento más “agresivo”, que se situara en el límite de lo constitucionalmente admisible. Porque de otra manera, nada había que hacer. Salvo conformarse con la participación de la izquierda abertzale en las instituciones o iniciar una reforma de la Constitución que redujera sustancialmente estas garantías. La segunda opción no era posible ni “vendible” a la opinión pública, la primera llegó un momento en que generaba un enorme rechazo político. Sólo quedaba aventurarse por la vía de buscar instrumentos para, sin joder de forma total el entramado de derechos que conforman un Estado de Derecho, violarlo un poquito, arañarle algo aquí y un poquito más allá para poder hacer algo más. Es lo que en otros contextos se llama “meter sólo la puntita”. Así se gesta la Ley de Partidos, de la que proviene todo el follón que hemos vivido estas últimas semanas. Como es evidente, la cosa requiere de una exposición más detallada. Así que, en el próximo post, hablaremos de las leyes de excepción, de la conculcanción de ciertas garantías y de la ideología del “sólo la puntita”.

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Historia de una vulneración de derechos: La Ley de Partidos I

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 28 febrero 2009

No sólo se trata de que la ley de partidos sea una aberración política, sino que también, el modo de retorcer la ley, va cada vez un paso más allá, en este caminar “de prostitución del Estado de Derecho”. Y cómo está claro que no es algo que vayamos a corregir desde España, sinceramente, creo que hasta que no sea la comunidad internacional, mediante Estrasburgo, los informes de la ONU o de la UE, informes de Amnistía Internacional o Human Wrights, los que a fuerza de ponernos colorados, hará que se pueda llegar a una reflexión y una autocrítica en condiciones. Así que mientras tanto habrá que seguir intentando explicar el porqué de nuestra postura ante esta ley. Por eso, vamos a traer la serie de artículos que se escribieron entorno a las elecciones del 27 de Mayo de 2007, pero que no sólo siguen en vigor, sino que todavía se ha llegado más lejos. Por descontado dar las gracias a No se trata de hacer leer, por dichos artículos.

En una democracia como la española, cuando tenemos elecciones, los ciudadanos pueden votar o ser votados libremente. Los derechos de sufragio activo o pasivo, con las restricciones más o menos conocidas por todos (edad, nacionalidad), son parte inescindible del reconocimiento como miembro de la comunidad en cualquier Estado de Derecho. España no es una excepción. Se supone, además, que estos derechos no pueden depender del sentido en que vaya a orientarse su ejercicio. Esto es, que el reconocimiento de los mismos no está vinculado a que se vayan a defender unas u otras ideas (como elegible) o a apoyar éstas o aquéllas (como elector). Sin embargo, en España, desde hace unos años, cada vez que hay elecciones se monta un follón considerable a cuenta de la posibilidad de limitar en algunos casos el ejercicio de estos derechos. Con motivo de las elecciones del próximo 27 de mayo, por segunda vez, se ha actuado contra una serie de listas, quedando un número muy importante de ellas anuladas por los Tribunales Supremo (en primera instancia) y Constitucional (resolviendo los correspondientes recursos) tras la iniciativa de Abogacía del Estado y Fiscalía solicitando la adopción de estas medidas.

Voy a tratar, que ya veremos si sabré hacerlo, de contar la verdad sobre este enmarañado asunto a lo largo de sucesivos posts, más que nada por intentar de que la cosa sea ligerita (o lo menos pesada posible).

1. El reconocimiento de los derechos de sufragio activo y pasivo y su posible limitación

Las posibilidades de limitar los derechos de sufragio activo y pasivo no son desconocidas a la lógica de cualquier modelo representativo. Tampoco a la de nuestro orden constitucional. El artículo 23 de la Constitución reconoce a los ciudadanos “el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” en su primer punto y, en el segundo, el derecho “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Desde un primer momento se observa una importante limitación de tipo simbólico-mitológico: votar y determinar cómo ha de conducirse el destino de la comunidad es labor reservada a quienes forman parte de ella y por este motivo los derechos son reconocidos con valor constitucional únicamente a los ciudadanos, lo que deja fuera a todos aquellos que no tengan la nacionalidad española (excepción hecha del caso previsto en el art. 13.2 CE que, atendiendo a criterios de reciprocidad, permite establecer por tratado o ley el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, como ocurre por ejemplo con los ciudadanos que residen en España y son ciudadanos de países de la Unión Europea, que tiene por tratado reconocida la reciprocidad en el reconocimiento de este derecho). Esta restricción, que se explica a partir de una idea ya un tanto anticuada respecto a quién compone la nación y puede ser muy criticada porque ni integra a muchas personas que viven y trabajan con nosotros, que forman como el que más parte de la comunidad, ni permite a estas personas participar en la toma de decisiones que sin duda les afectan. Es por un tanto diabólico, porque se argumenta la no total integración de ciertas personas en el “cuerpo social de la nación” como razón para no darles el voto (”todavía no forman parte, no están suficientemente…”) y a la vez se les priva del instrumento más potente de integración, que no es otro que aceptarles y recabar su colaboración en el debate y toma de decisiones colectivas. Con todo, por cuestionable que sea el inmovilismo de nuestras leyes al respecto, la exclusión que comentamos no supone problema alguno de constitucionalidad.

Del mismo modo, la Constitución también permite ciertas modulaciones de tipo organizativo o procedimental. Por una parte, y vinculada formalmente a la idea de capacidad, el derecho al voto no se reconoce a menores ni incapaces. Se trata de una delimitación de tipo operativo que, en todo caso, puede plantear dudas respecto a su correcto empleo (es mi caso, por ejemplo, que veo anómalo que el ordenamiento considere a alguien maduro para trabajar o para casarse pero no le permita votar, como ocurre en algunos casos, como también me llama la atención que la degeneración neuronal que la vejez acarrea nadie ose entender que haya de tomarse en consideración). Pero es evidente que, de una forma u otra, guiados por la idea de que el sistema resultante sea lo más plural, participativo pero también eficaz posible, hay que ordenar el asunto. Ningún problema, pues, de constitucionalidad.

Por último, la Constitución permite incidir y encuadrar más las formas de ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que será ejercido, se dice expresamente, con los requisitos que señalen las leyes. Esta habilitación permite introducir medidas obviamente restrictivas en el fondo (si se tiene una visión amplia e incondicionada del derecho de sufragio pasivo) pero que permiten conformar el trámite electoral a partir de las notas y de las finalidades buscadas por la legislación electoral. Así, este derecho se ejerce por medio de listas cerradas y bloqueadas, cuya presentación requiere de la superación de una serie de trámites (y que no cualquier entidad puede satisfacer, tratando de encauzar la participación electoral a través de partidos o agrupaciones creadas ad hoc con esa estricta finalidad), por ejemplo. Y demás previsiones contenidas en la norma electoral (Ley orgánica 5/1985, de régimen electoral general), que más o menos todos damos por buenas. A las que, por cierto, con el apoyo de todos los partidos políticos, se han añadido recientemente nuevas restricciones y obligaciones para poder disfrutar de este derecho referidas a la paridad entre hombres y mujeres.

De alguna forma, todas estas medidas alteran el orden de estricta libertad que se supone que se habría de derivar del reconocimiento del derecho de sufragio pasivo si lo entendiéramos con toda su posible amplitud conceptual (me puedo presentar y que me voten, me presento a lo que quiera, como quiera, organizado de la manera que mejor me gusta y acompañado o no, según lo prefiera y me venga en gana). Sin embargo, nadie se ha planteado nunca su inconstitucionalidad. Siempre se ha entendido normal que la ley electoral regule la forma en que los ciudadanos hacen uso de estos derechos y que lo haga persiguiendo la consecución de ciertas finalidades (estabilidad institucional, prima al modelo de partidos, igualdad en la representación de hombres y mujeres más recientemente…). Aunque estas finalidades puedan no coincidir con nuestra visión de cómo se ha de ordenar una democracia, son limitaciones que parecen poder ser fácilmente encuadrables en la posibilidad regulatoria establecida por la Constitución. Quizá con la única salvedad, dado que el supuesto es al menos algo más dudoso (pero eso significa también que, por dudoso, resulta aventurado proclamar su inconstitucionalidad) de las recientes modulaciones para buscar la paridad, donde a lo mejor la alteración de las condiciones de ejercicio no tanto del derecho de sufragio activo como del pasivo son de una incidencia que puede resultar limitativa en algunos casos por lindar con la proscripción de la defensa de ciertos planteamientos de tipo ideológico (imaginemos que un colectivo de ideología amazónica desea presentarse en España: la ley de paridad le impediría de facto hacerlo salvo que renunciaran a alguno de los aspectos más esenciales de su cosmovisión política).

Mi opinión es sin embargo más modulada. Aunque creo que la ley que impone la paridad electoral cumple un fin noble y legítimo me parece que lo hace de forma un tanto maajadera y falsamente feminista. Entre otras cosas porque la feminización a que la ley obliga ya se había alcanzado sustancialmente por las propias dinámicas de mercado tan habituales en nuestras democracias. Y esto puede llevar a tener efectos perversos en el futuro, como la política se convierta en uno más de esos reductos femeninos que compensan que hay otras esferas donde el machismo sociológico sigue vedando o dificultando el acceso a las mujeres. Adicionalmente, no me gusta la medida porque me desagradan las medidas “dirigistas” en materia de representación del cuerpo electoral, es decir, todas aquellas que tratan de encuadrar más de lo estrictamente necesario el proceso de decisión de los ciudadanos. Me pasa también, por ejemplo, con las listas cerradas y bloqueadas. Nada de lo dicho, sin embargo, quita para que me cueste afirmar la inconstitucionalidad de la medida aprobada, dado que el supuesto de restricción ideológica que apuntaba parece más un caso de política ficción que algo que dada nuestras estructura social y política pueda ser real.

Pero, y aquí es donde mi interesa detenerme, un efecto limitador de esa índole sí sería no sólo indeseable sino también inconstitucional. Por mucho que pueda ordenarse y encuadrarse en el ejercicio del derecho lo que no puede en nigún caso es condicionarse el contenido político de los planteamientos que defienden los ciudadanos ni impedir que se manifiesten todos ellos.

Fuente original

España hoy, la prostitución del Estado de Derecho en su lucha contra el terrorismo

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 18 febrero 2009

Hace muy pocos días que descubrimos este blog. Esta es la última entrada que tiene al respecto sobre las ilegalizaciones. Más allá de lo que nosotros podamos creer, en este blog, escrito por un profesor de derecho de la Universidad de Valencia, se analiza la ley de partidos y el GAL Judicial en el que estamos inmersos desde el punto de vista jurídico. Por todo ello, no podremos añadir mucho más de lo que él mismo comenta, pero traeremos escritos suyos más veces, porque blogs como este, son los que ayudan a limpiar las cloacas…

Muchas gracias desde aquí al blog: No se trata de hacer leer

En España hay problemas graves referidos a nuestra legislación antiterrorista, que impiden a cualquier ciudadano mínimamente covencido de las bondades del sistema decantado a lo largo del último siglo por las democracias occidentales y con origen en la Francia de 1789 que solemos llamar “Estado de Derecho” sentirse a gusto con algunas de las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico. Así, en concreto, y aunque de modo resumido:

– Las recientes reformas del Código Penal español destinadas a ampliar la capacidad del Estado para perseguir a personas más o menos “vinculadas” a actividades terroristas plantean enormes problemas ya que no cumplen las garantías mínimas exigibles en materia penal (principios de legalidad y tipicidad), conteniendo tipos abiertos en exceso y poco rigurosos, que permiten encarcelar a personas a partir de vaporosas afirmaciones de qué son conductas ilícitas. Así, el artículo 574 contempla el castigo de “cualquier otra infracción”, algo inadmisible: tendría que redactarse con la precisión que requiere el principio de legalidad y habría de ser aplicado exclusivamente a los delitos que incluyan el elemento intencional de causar la muerte o lesiones corporales graves, como elemento definitorio de los delitos de auténtico carácter terrorista. El delito de colaboración con banda armada, contemplado en el artículo 576, por su parte, habría de definir claramente cuáles son los elementos de la conducta prohibida que le confieren el carácter de terrorismo, sin que quepa en modo alguno aceptar una redacción que permita una interpretación (ya empleada en España para condenar a ciudadanos) tan aberrante como la que sostiene que compartir fines con los objetivos que una banda armada dice perseguir sea de suyo colaboración con esa banda armada. También el artículo 577 plantea problemas, ya que debiera contener una definición mucho más estricta de “terrorismo urbano” que únicamente pudiera aplicarse en los casos en que se haya establecido un vínculo efectivo entre la conducta del acusado y la intención de promover la violencia terrorista (algo por lo demás coherente con las normas internacionales en la materia). Por último, el delito de enaltecimiento que actualmente se contempla en el artículo 578 habría de ser revisado de manera que una tipificación más rigurosa impidiera su aplicación a actos otros a los que tengan por objeto incitar a la comisión de un delito de terrorismo, con el riesgo de que se cometa efectivamente dicho delito.En esta misma dirección, conviene recordar que la “apología”, excepto cuando constituya una incitación directa a la comisión del delito, no se ha entendido clásicamente, en Estados de Derechos garantistas y dentro del modelo liberal de represión penal, que haya de ser un problema que las sociedades deban combatir con el Código penal (sobre estas mismas cuestiones, en este bloc, ya hemos dicho, en más de una ocasión, algo).

– Junto a estos problemas, extraordinariamente graves, que afectan a la represión penal en nuestro país y que conducen al doble y perverso resultado de que se criminalicen conductas que no son suficientemente nocivas como para justificar una intervención penal (o no son, en ningún caso, socialmente inicuas) y de que, además, numerosas conductas plenamente legítimas queden en un vaporoso plano que permite su persecución según los casos y según quien sea el actor de la misma, el ordenamiento jurídico español sigue conteniendo previsiones dudosamente compatibles con un Estado democrático, como ya hemos tenido ocasión de comentar, pero que conviene reiterar dado el abusivo empleo de estos instrumentos de dudosa constitucionalidad.

– En concreto, subsisten dudas respecto a si las sucesivas ilegalizaciones de organizaciones políticas que se están llevando a cabo en España se están realizando en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión, es decir, de conformidad con la ley y los principios de necesidad y proporcionalidad. La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hacen en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las definiciones rigurosas basadas en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo. En concreto, la “no condena” del terrorismo o el hecho de compartir valores o ideas políticas, así como militancia en asociaciones previas o de otro tipo, es una base ridícula para considerar a una asociación instrumento de una banda armada, sin que se hayan demostrado los más mínimos indicios de efectiva colaboración de la asociación con la organización terrorista o su empleo instrumental para la comisión de delitos. Si la sanción prevista por el ordenamiento para tan escasos vínculos reales con actividades terroristas es la ilegalización de asociaciones o plataformas políticas el pluralismo que desempeña un papel fundamental en la existencia de una sociedad verdaderamente democrática, sufre una agresión insoportable. Tales medidas, si admisibles, sólo podrían serlo con carácter estrictamente excepcional y habrían de estar expresa y detalladamente previstas en la ley, sin que las expresiones vagas y voluntaristas de la actual Ley orgánica de partidos políticos sean, ni mucho menos, satisfactorias. Es un principio asumido por la comunidad internacional y el consenso jurídico democrático occidental que las libertades de opinión, expresión y participación política impiden la ilegalización de partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos ni colaboran con las acciones terroristas o son instrumento de las mismas. Como es evidente, por otra parte, pretender que existen este tipo de pruebas respecto de agrupaciones electorales compuestas por personas que no han sido acusadas de delito de terrorismo alguno y que, además, por ser una asociación de nuevo cuño, es imposible que tenga un pasado de colaboración con nadie, es mero voluntarismo inadmisble en un Estado de Derecho.

– Y todo ello, como es sabido, en combinación con los habituales problemas que suponen, en España, la existencia de problemas para la efectiva realización de la tutela judicial efectiva en España en algunos casos (hay ocasiones en que las ilegalizaciones pueden llevarse a cabo sin dar suficiente derecho de defensa, la doble instancia penal en nuestro país no siempre está garantizada en los procesos penales, la Audiencia Nacional sigue generando muchas dudas como solución de planta judicial y plantea problemas su conciliación con el principio de juez ordinario predeterminado por la ley), así como contamos con un régimen de prisión provisional extraña y lamentablemente poco garantista, problema que se agudiza enormemente cuando las acusaciones lo son por terrorismo. A ello se añaden los recientes problemas derivados de la manera en que estamos forzando nuestro ordenamiento jurídico, en ocasiones, para mantener en prisión a presos que han cumplido su condena.

Conviene tener presente que no son pocos los ciudadanos españoles (y no sólo españoles), que pueden ser perfectamente inocentes a pesar de que los poderes públicos puedan estar convencidos (y a lo mejor, con toda su buena voluntad) de lo contrario, que ven mermados sus derechos y garantías constitucionales como consecuencia de este estado de cosas y de la acrítica aceptación del mismo por parte de todos nosotros. Y conviene tener presente que nadie está al margen, si tiene mala suerte, de vérselas en una situación en la que, por error, pueda echar en falta, y mucho, que el proceso y actuaciones contra uno sean llevados con todas las garantías. Por lo demás, y como a nadie debiera escapársele, las implicaciones de las limitaciones a la idea de democracia, pluralismo y libertad política nos afectan a todos de manera muy grave. El hecho de que estas medidas estén siendo socialmente integradas como necesarios excesos ante una amenaza terrible como es la terrorista no es sino la inquietante comprobación de lo poco que aprendemos las sociedades de experiencias trágicas pasadas.

En cualquier caso, lo peor de todo es que, en esta ocasión, todo lo arriba señalado no lo digo yo ni algún jurista español anclado en el tradicionalismo liberal del Estado de Derecho occidental sin que nadie nos haga demasiado caso, como es lo habitual, sino el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin. El informe lo tiene colgado en su web Gara, enlace al que necesariamente remito porque en otros medios de comunicación españoles es imposible encontrar el documento o, incluso, la más mínima referencia al mismo y a sus contenidos (en lo que a mí respecta, gracias a Javier Ortiz, quien en Público daba la pista de la existencia del mimso y al blog Maketo Power, de donde obtuve el extracto y el enlace al informe).

Porqué no aceptamos qué nuestra sociedad, no es fetén…

Posted in Euskal Herria, Sociedad, Tortura by Nynaeve on 13 febrero 2009

Creo que a veces miramos el mundo de forma muy idealista. No se tortura porque no es correcto, no entra dentro de los parámetros que las fuerzas del orden delincan y mucho menos para sacar un beneficio “colectivo”, cómo puede ser, coger un terrorista (en el caso de que además éste lo sea, claro)… así que negamos la mayor y para eso, nos refugiamos en palabras como estado de derecho, justicia, que si no, se denuncia, se investiga y en su caso se juzga y si se ha cometido se castiga.

Pero luego la realidad nos “mata”, se maltrata a los menores en los centros de acogida porque “son rebeldes”, porque “es más fácil”, “porque se ha negado a mirarte a los ojos”… se le da una paliza a un vagabundo, porque están hartos de ir a recogerlo, porque se le considera basura humana y que nadie se va a preocupar por él. Se le da otra paliza a los chavales antisistema porque son antisistema, para que analizar si son “violentos” o “pacíficos” y si son “violentos” para qué vamos a considerar el porqué de esa violencia y si violencia es quemar la foto de los reyes, o romper escaparates, o dar palizas entre seis o siete a una persona. Son antisistema así que se les da una paliza…

Y eso hasta estamos dispuestos a creernoslo. Ya depende de cada uno, cuánto nos creemos, si es esporádicos, si ha aumentado…

Pero eso sí, se oye le nombre de ETA y entra cerrazón… ¡es un terrorista!, el periodista corrige enseguida… “supuesto terrorista” y ya ahí, da igual. Podemos creernos que a los demás les dan palizas y malos tratos, pero en cambio, cuando cinco, seis, dos o veinte guardia civiles, tienen incomunicada una persona cinco días, que además ellos presuponen que esa persona puede ser su enemigo o les puede decir dónde se esconde alguien que tiene la posibilidad de hacerlos saltar por los aires, entonces no, entonces negamos la mayor. Son las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¡por dios!, te estás cepillando la presunción de inocencia…

Y yo digo… no, yo no lo sé, pero lo peor de todo es que no lo voy a saber, porque este estado de derecho, éste que debería ser garante de los derechos humanos, se niega a poner los medios necesarios de prevención y en su caso de investigación y castigo si fuera necesario.

Preferimos creernos lo que nos dicen las autoridades en este sentido, porque en el fondo ya hemos juzgado. Queremos que se acabe ETA así que nos ponemos una venda. Es mejor pensar en términos de buenos y malos, negro y blanco y pararse a ver los grises. Y no hablo aquí de ETA, me da lo mismo que sea ETA. También pasó con el IRA, en su momento. Es la maquinaria de los Estados de Derecho, lo que hacen en su nombre lo que me aterra. Porque hoy puede ser ETA y mañana puede ser otro cualquiera. Es la forma de actuar del Estado de Derecho (a nivel global) contra el disidente. Si encima ETA le da motivos, para qué queremos más. Eso sí para poder hacer lo mismo con toda impunidad, también han decidido qué “el entorno de ETA, no es su entorno si no que es ETA” y se basan en sus “razonamientos filosóficos cuanto menos” porque pruebas no tienen… lo demuestra el informe del relator de la ONU, lo demuestran tantas y tantas recomendaciones caidas en saco roto, lo demuestra que el gobierno español, se va a la ONU a justificar la ley de amnistía, porque le parece feo que le digan que está amparando a genocidas.

Eso sí, luego se le llena la boca en condenar a Israel, a la vez que le hace la pelota por otro lado, que es nuestro aliado y además tiene mucha pasta y mucho poder….

Tampoco podemos olvidar qué el cierre de Guantánamo, ha sido gracias a la presión que había en EEUU sobre su imagen externa. Porque les involucraron, porque las leyes que llegaron a aceptar, iban en contra de todo lo que se pueda considerar Derecho  Humano.

Por eso ya llevo cierto tiempo diciendo que como no somos capaces de parar esto desde dentro de España, va a tener que ser desde fuer y eso va llevar mucho tiempo…


Noticia de AI sobre la guerra del Congo y sobre la utilización de niños soldados

Posted in Campañas de Amnistía Internacional, La guerra del Congo by Nynaeve on 12 febrero 2009
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Aunque ellos seguramente no lo saben, son el centro y la razón del primer juicio que acaba de abrir el Tribunal Penal Internacional por el reclutamiento de niños y niñas soldados.

El acusado es Thomas Lubanga, líder de una facción rebelde de la RD del Congo. Cientos de niños y niñas fueron secuestrados, torturados, violados, obligados a matar y, en muchos casos, morir sin saber lo que es la infancia.

Aunque tampoco lo saben, este proceso se ha abierto gracias a ti, a la confianza y apoyo que has brindado a Amnistía Internacional. Con tu solidaridad y compromiso has contribuido a que se reconozca por fin la gravedad de este crimen de guerra y a terminar con la impunidad con que se comete.

Hoy, Día Internacional para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados, celebramos contigo la buena noticia sin olvidar lo que queda por hacer: desarrollar el marco legal que impida que un solo menor más sea utilizado como soldado; presionar hasta liberar a los que aún siguen en manos de milicias y grupos armados; y asegurar que esos niños y niñas son desmovilizados y reintegrados a sus familias, pueblos y colegios, de donde nunca debieron salir.

Como ves, es un paso importante, al que han de seguir otros. Aunque ellos nunca lo sepan, gracias a ti, daremos el segundo y el tercero… Súmate a nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Te aseguro que es una gran satisfacción saber que has contribuido a cambiar y mejorar el futuro de estos niños. Hazte socio/a ahora y estoy segura que celebraremos juntos otras muchas victorias para todos y para todas. ¡Te espero!

Eva Suárez-Llanos
Directora Amnistía Internacional – Sección Española

Tortura Sub18 que parece que en este tema, también tenemos categorías inferiores.

Posted in Las Cloacas del Estado, Sociedad, Tortura by denuncia on 3 febrero 2009

A la hora de valorar la calidad de una democracia, del nivel de sociedad, en la que vivimos, es comprobar la salud de los servicios sociales más básicos. Así se analizan la sanidad, la educación, los servicios de prisiones, las fuerzas de seguridad, las precauciones ante la tortura, los reformatorios y orfanatos.

En este blog hemos hablado y seguiremos hablando, por desgracia de la tortura. ¿Cómo no vamos a creer que existe, que además no se previene, cuando se observan acciones tan demenciales, execrables, cómo las que estamos viendo ahora en las noticias sobre los centros de acogidas a menores? Si esto lo hacen con menores que no han cometido delito alguno, ¿qué no harán con los “presuntos delincuentes”?

Uno no suele creer que este tipo de cosas pasan en el primer mundo, mucho menos en nuestro país. No, estas cosas sólo pasan en sistemas dictatoriales o tercermundistas. Pero para sorpresa de algunos, para horror de muchos, el Defensor del Pueblo acaba de presentar un informe al parlamento de casi 500 páginas sobre la investigación que ha realizado en 27 de los 58 centros de acogida en España. Señalar que sólo 2 de esos centros son de gestión pública, pero que las Comunidades Autónomas son las responsables últimas de dichos centros, a pesar de que sean privados. También indicar que los centros de acogida, son lugares que atienden (o deberían) a jóvenes con trastornos sociales pero que no están allí con ningún tipo de sentencia judicial. Para que quede claro, repito, no son delincuentes. Aunque este trato tampoco sería apropiado en caso de lo fueran.

Orfanatos, centros de acogida e incluso reformatorios siempre han sido un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No hay más que leer a Carlos Giménez en sus tiras de cómic en Paracuellos, dónde señala que no es que por vivir en los centros de auxilio social, vivían en una sociedad peor, que la pobredumbre de esa sociedad, era generalizada, pero que se podía notar más en los que menos pueden defenderse, los niños. Sobre todo los niños, que por la razón que sean, han de depender de la administración y no de sus familiares. Es espantoso comprobar, que en esos centros, dónde su función principal es velar por los niños, educarlos, cuidar su bienestar, se utilizan tratamientos vejatorios y desde luego, que contradicen la declaración de los derechos humanos.

Las historias que son verídicas, reflejadas en Paracuellos, son historias que comprenden los años de la postguerra hasta la década de los años 50. Uno espera que si mejora la vida, a pesar de la dictadura, habría podido mejorar la vida de estos chicos, pero entonces encontramos historias parecidas, también llenas de vejaciones en un post de un blog en La Comunidad de El País, dónde hay más de 1300 comentarios en los cuales, además de reencontrarse muchos de los que estuvieron en el Orfanato Nacional del Pardo, también van contando sus experiencias. Hay más artículos dentro de ese blog y mucha documentación allí acumulada y los hechos que allí se relatan son ya entrando en los 70. ¿Qué podíamo esperar tras la vuelta de la democracia? ¿Incluso tras la transición?

Pues no encontrarnos con noticias como ésta en ningún diario:

Golpes y celdas para los menores bajo tutela

Dónde se relatan los abusos, maltratos y vejaciones que están recibiendo niños, muchos de ellos por no dejarse “domar” en algo tan importante cómo “negarse a mirar a los ojos a un educador”. Si la desnudan y la hacen arrodillarse ante la “educadora” ¿qué no harían si la joven le hubiera levantado la voz? Da miedo leer este tipo de cosas. Da miedo saber que hay niños que llevan poniendo denuncia tras denuncia y siguen dónde están, da miedo saber que tanto la madre biológica u otra de acogida, ante lo que está viviendo su niño, quieran recuperarlo y no les dejen. Da miedo pensar lo que les están haciendo hoy o que desde alguna administración se les justifique diciendo que los educadores están sometidos a mucha tensión y estress. ¡Ahora va a resultar que las víctimas son los “educadores” y no los niños!.

Aviso, cuando digo “educadores” refiriéndome a estos “intentos” de persona, estoy utilizando la ironía.

Más artículos relacionados:

Reportaje: Un palacete con barrotes

Cartas de alguno de los niños

Parece que tras el informe, el Gobierno pide a la fiscalía que actúe

Espero que lo hagan con prontitud, parece ser que hay un suicidio (aunque alguno se le han planteado dudas de que lo fuera) y algún otro intento más.

Ya en 1948 un grupo de judios americanos escribieron sobre el peligro de lo que es hoy Israel…

Posted in Conflicto Palestino-Israelí by Nynaeve on 2 febrero 2009

De Gara traigo esta noticia, que es tan contundente que no se necesita decir nada más.

José Steinsleger escritor y periodista

De gatos negros y chivos expiatorios

Decir que el mundo está cruzado sería redundancia. ¿Los teléfonos también? En días pasados, manifesté al embajador de Palestina el deseo de apadrinar a un niño de Gaza, y en el contestador apareció un mensaje de la embajada de Israel. Sentí un escalofrío… El teléfono volvió a sonar. Dilatando las pupilas y erizando el pelaje, Gardel emitió un maullido que sonó a uña rayada en pizarra, y arqueó la cola en posición de combate.

De los nervios, volqué una taza de café… ¡mierda! Eran ellos.

-Soy la asistente del señor Eldad Golan, consejero político y de prensa. ¿Podría darnos su correo?

-¿Y yo por qué?

-El consejero desea comunicarse con usted.

¡Jijos!… Seguro que piensan enviarme un virus. ¿Negarme? Inútil. Los muchachos de la Iniciativa Mérida igual se lo hubiesen dado. Simulando acento ydisch, respondí:

-Está bien… pero si me llenan el correo con propaganda, los denuncio. Y al señor Golan dígale que las alturas del Golan pertenecen a Palestina.

La ecuación no falla: a más cagazo, más audacia. Recordé aquella película en la que un agente del Mossad tropezaba en la calle con los blancos elegidos. «Excuse me», les decía. En el tropezón, el agente les aplicaba un imperceptible piquete. El blanco seguía caminando y… a otra cosa mariposa. Uhm. En adelante, evitaré el gentío y trataré de no acercarme demasiado a las vías del Metro.

La CIA es más amigable. Los gringos van a lo suyo y ya. Con un vaso de «Coke» y engullendo «pizza hut», sus agentes señalan al Pentágono dónde hay que bombardear, y luego preguntan a la Casa Blanca qué sigue en la agenda. No pierden el tiempo con intelectuales o periodistas «sesgados». Bueno… eso dicen.

Una señora escribió en este periódico: «Una vez más, el odio a los judíos: hay que decirlo» («Apuntes sobre Gaza», «La Jornada», 22/01/09). Señora: las generalizaciones confunden. Desde su fundación, el Estado de Israel ha venido destruyendo el pensamiento y la cultura judía. Son los sionistas los más interesados en sembrar, fomentar, lucrar, manipular y sacar partido político del «odio a los judíos», más inventado que real en comparación con el que a diario padecen indígenas, pobres, y nacos del mundo entero.

Agrega la señora: «…la tentación antisemita permea muchos de los discursos (en general de una cierta izquierda)…» ¿Pero quién persigue o viola los derechos de los 40 mil judíos que viven en México, país donde 10 millones de indígenas no tienen derecho a existir, y se considera «normal» que «por su aspecto» 70 millones de mexicanos no tengan derecho a hacer pis o leer revistas gratis en Sanborns?

La señora lamenta el supuesto «antijudaísmo» de los comentarios que «…hacen de Israel un Estado nazi, y la comparación de la franja de Gaza con el gueto de Varsovia». Sin embargo, el 2 de diciembre de 1948 (¡en pleno juicio de Nüremberg!), el «New York Times» publicó una carta suscrita por 25 prominentes judíos de Estados Unidos, que empieza así:

«Entre los fenómenos políticos más inquietantes de nuestra época tenemos en la creación del nuevo Estado de Israel, la aparición del Partido de la Libertad… un partido político con un enorme parecido en cuanto a su organización, métodos, filosofía política y planteamientos sociales a los partidos nazi y fascista». Albert Einstein y Hannah Arendt encabezaban las firmas.

Del Partido de la Libertad surgió Herut, matriz de la coalición que en 1973 fundó el Likud, hoy en el poder y encabezado por el criminal de guerra Ehud Olmert. Varios terroristas del Likud fueron primeros ministros: Menajem Beguin (Premio Nobel de la Paz, sic, 1978); Yitzhak Samir, asesino material del diplomático inglés lord Moyne (1944), y del representante francés de la ONU Folke Bernardotte (1948); Benjamin Netanyahu (actual líder del Likud) y Ariel Sharon, quien participó en la masacre de la aldea palestina de Kibya (1953) y coordinó las milicias cristiano libanesas que perpetraron la masacre de palestinos en los campos de Sabra y Chatila (Líbano, 1982).

Realidad y plañideras nunca se han llevado bien. ¿Analogías forzadas de «cierta izquierda»? Fue Dov Weisglass, asesor del primer ministro israelí, quien habló de poner a los habitantes de Gaza «a dieta»; fue el viceministro de Defensa, Matan Vilani, quien dijo que los palestinos iban a experimentar «una mayor shoah» (holocausto). Por esto, 90 destacados judíos británicos observaron en un desplegado: «Eso nos recuerda al gobernador general Hans Frank en la Polonia ocupada por los nazis, que habló de `muerte por hambre’» («The Guardian», 10/01/09).

¡«Contra el antisemitismo»! Muy bien. Espero que los «librepensadores» de México expresen su indignación por la decisión del papa Benedicto XVI, quien el sábado pasado revocó la excomunión a cuatro obispos integristas que negaron el holocausto.

Gardel no es como era Willie, el shorthair de pelaje negro de los Bush, fallecido el 4 de enero pasado en su residencia. Diga si George W. no fue un hijo de puta. Hasta el último suspiro aprobó la matanza de Gaza… ¡y le dejó a Obama un gato negro enterrado en la Casa Blanca! Gardel, en cambio, es inmortal. Gardel es antimperialista.

© La Jornada

Holocausto Nazi vs Genocidio Israelí

Posted in Conflicto Palestino-Israelí by Nynaeve on 30 enero 2009

Hay verdades que duelen, hay verdades que los israelíes no quieren oir, pero no por ello son menos ciertas. Aquí tengo una serie de imágenes que recibí por correo de mi compañero del foro de El Pais, Paco Alapont.  Fotos que hablan por si mismas. ¿Qué es lo que ha pasado para que este mapa tenga esta progresión?

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No ha sido pacíficamente que se ha conseguido, ha sido con violencia, guerras y genocidio. Hoy se empeñan en llamar terrorista a Hamás, porque éstos en lugar de quedarse quietos cual corderitos, decidieron que tenían que defenderse. Durante la historia, hay muchos pueblos que han llamado héroes a aquellos que los han defendido, fuera para bien o para mal. Sin ir más lejos en España, echamos a los franceses. Preferimos nuestro sistema totalitario, al ilustrado francés, pero no es esa la cuestión. La cuestión es que nos habían invadido y la imposición por la fuerza, por bueno que sea, no deja de ser una imposición. Así, hoy hay muchos que defienden a Israel porque es un sistema democrático, de hecho, “el único sistema democrático de la zona” y parece ser que eso les convierte en los buenos y a los masacrados, en los malos, porque “se defienden”. En las siguientes imágenes veremos qué hicieron los alemanes del 1939 al 1945 (en blanco y negro) y qué es lo que está haciendo Israel hoy mismo (en color).

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Y no, no me vale que digan que tienen sus razones, eso también lo decían los Nazis de ellos y no por ello fue más espeluznante y deleznable lo que les hicieron. Lo que ellos están llevando a cabo es un genocidio. Se pueden ofender cuando un obispo de Roma dice que Gaza es un campo de concentración, el dinero judío, le puede obligar a que rectifique, pero estoy segura de que ese obispo no ha dejado de pensar lo mismo. Tampoco me importa mucho que se ofendan, son ellos los que no lo quieren ver. Pero hoy en día, no son mucho mejor que los nazis. ¡Qué son una democracia!… aquella Alemania también.

Los que hoy cometen estos atropellos no son mejores que aquello. Hubo un Nuremberg… como esto siga así, tendremos otro… y si hubiera justicia de veras, también habría un juicio contra Bush, Blair y Aznar… pero esto ya es otra historia, que también tratamos en este blog.

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Definición de Tortura

Posted in Tortura by Nynaeve on 30 enero 2009

De acuerdo con la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984), se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. O por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Se debe tener en cuenta que la tortura está ligada a las esferas del poder y tiene como finalidad obtener información o castigar física y moralmente. “Tortura quien domina, ante todo a quienes amenazan agrietar las reglas de su sometimiento” .

Ideas similares expresa el psicólogo sueco Charles Westin: “Para quien utiliza la tortura, ésta es un arma -un instrumento- entre otros, con los cuales se lleva a cabo la opresión de los que piensan diferente, de los adversarios políticos, y no poco frecuentemente de las minorías religiosas y étnicas. La tortura es por así decirlo, un instrumento adecuado para el que ejerce el poder. En la perspectiva del poderoso, el acto de la tortura se transforma en algo trivial” . Asimismo, Westin agrega que “la tortura es el acto de infundir terror que efectúa el poder dominante sobre la población. (…) El torturador actúa, en otras palabras, como representante de las fuerzas que tienen la influencia decisiva sobre el aparato estatal, en la sociedad”. Respecto de su finalidad, Westin señala: “La tortura quiebra la identidad personal, pero el objetivo principal es terminar con los movimientos colectivos. Nosotros vemos individuos psíquicamente desgarrados, lo difícil de percibir es el daño contra el movimiento colectivo”.

Marianne Juhler, asesora médica del RCT (Rehabilitation Center for Torture Victims de Copenhague), define como la esencia de la tortura el intento consciente de destruir la personalidad de la víctima; esto se logra aplicando sistemática y permanentemente un tratamiento doloroso y psíquicamente desmoralizante. Este tratamiento se funda en que “el comportamiento del torturador frente a la víctima no coincide con las normas vigentes en lo que respecta al trato social con las demás personas, se suprime toda capacidad de predecir o prever la reacción y los actos de los demás. Con violencia y coacción la confianza se torna en desconfianza, la seguridad en miedo, el respeto propio en sentimiento de vergüenza, la alegría en depresión y el sentimiento de bienestar en enfermedad” . Más adelante, afirma que “el fin de la tortura no es matar a la víctima. La tortura es utilizada por regímenes violentos en primer término como medio de represión. El objetivo de la tortura es precisamente sustituir la personalidad de los individuos que participan de distintas formas en la resistencia contra los regímenes torturadores. Cuando los sobrevivientes son dejados en libertad, se convierten en escarmiento para que los demás sepan lo que puede pasar, si se está en contra del régimen. De esta manera, el efecto de la tortura esparce el temor y la impotencia sobre amplios sectores de la población” . En consecuencia, la tortura se convierte en una pedagogía del terror.

Fuente

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Traigo aquí este artículo de La Democracia.es porque describe muy bien la situación que se está viviendo de torturas y su “frente en contra de que sepamos que existen”.

Posted in Las Cloacas del Estado, Tortura by Nynaeve on 30 enero 2009

«La tortura sistema que lo abarca todo»

y

«lenguaje de la brutal lógica de los dominadores»


Miércoles 13 de agosto de 2008, por Fernando Crespo Gutiérrez

La rareza de que un juez de la Audiencia Nacional decrete la libertad provisional, bajo fianza de 6.000€, de un joven presunto implicado en el lanzamiento de un cóctel molotov contra la subdelegación del gobierno español en Gasteiz, después de que oyera su relato de las torturas sufridas en el día y medio que estuvo en manos de la Guardia Civil, esa excepción a la norma, que supuso al encausado presuntamente torturado el fin de la incomunicación, ha desatado la caja de los truenos y descalificaciones del Sindicato Unificado de Policía y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, ante la pasividad y silencio de los responsables de afrontar el linchamiento policial de un juez, y es causa también de que el periodista Antonio Álvarez Solís dedique hoy su habitual colaboración en Gara al análisis de las declaraciones de los representantes de ambos cuerpos policiales, que ponen en entredicho la decisión judicial desde la óptica de una «alarmante personalización de la seguridad», que, de probarse mediante una adecuada investigación las torturas sufridas por los detenidos, convertiría «la acción policial en una irrazonable lucha entre dos bandos». Álvarez Solís cuestiona a organizaciones que, como Amnistía Internacional, «no se deciden a dar el paso esencial de explicar las raíces políticas, sociales y económicas de la tortura», haciendo referencia a la obra de Naomi Klein «La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre» («La tortura es un indicador de que un régimen, aunque haya llegado al poder mediante las elecciones, está sumido en un proyecto profundamente antidemocrático». No deben rechazarse meramente «algunas prácticas específicas de la tortura sino el objetivo superior que las ampara y para cuyo logro resulta esenciales»), así como a Simone de Beauvoir («Protestar en nombre de la moral contra excesos y abusos es un error que sugiere complicidad activa. No hay abusos o excesos aquí sino simplemente un sistema que lo abarca todo»), para concluír que se trata del «imperio de un mecanismo perfectamente engrasado desde planos muy superiores y trascendentes para la vida colectiva. La tortura constituye el lenguaje de la brutal lógica de los dominadores», realidad ante la que emplaza tanto a los periodistas como al presidente José Luis Rodríguez Zapatero: el más falso de la historia de España, también cuando habla del Estado de Derecho y de la protección de la libertad.************************************************************

¿Qué pasó en el alma del juez Pedraz?

«Imaginemos la escena. El juez Pedraz interroga a Ailande Hernáez, acusado de «kale borroka». Ailande explica al magistrado las torturas que ha sufrido, dando señales muy concretas de las mismas. Día y medio en un cuartelillo de la Guardia Civil hace que Ailande pierda el sentido del tiempo, como atestigua su abogada. Tras el interrogatorio, el juez Pedraz decreta la libertad provisional del detenido, aunque imponiéndole una fianza de seis mil euros y el cese, por tanto, de su incomunicación, de la cual el arrestado describe el horror vivido.

¿Qué pasó por el alma del magistrado, que suspende la incomunicación de Ailande tras escucharle? Hay que hacerse esa pregunta. El magistrado no parece ser «un típico pijo rojo de los años ochenta», como afirma el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Sr. Sánchez Fornet. Es más, asegurar tal cosa -aparte la clara injuria a un juez en su tribunal- revela en quien lo dice la persistente continuidad ideológica en una Policía heredera del franquismo. ¿Dónde está, por consiguiente, el nuevo y democrático espíritu que se quería ver en la Transición? Evidentemente sigue pesando en el lenguaje del Sr. Sánchez Fornet el odio hacia los «pijos rojos». Mala cosa.

Más. El Sr. Sánchez Fornet y los representantes de la Policía, la Guardia Civil y la Unión de Oficiales de esta última organización armada subrayan que el magistrado decretó esta libertad provisional porque no ha sentido «en sus propias carnes» la acción del terrorismo. Más aún: todas estas esferas corporativas afirman, en este caso la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que un acto de «kale borroka» como el atribuido a Ailande -el lanzamiento de un cóctel Molotov contra la subdelegación del Gobierno de Madrid en Vitoria- «amenaza la vida de los agentes que custodian el edificio». Precisamente al peligro en que viven los agentes de las Fuerzas de Seguridad se refiere por su parte la Unión de Oficiales de la Guardia Civil cuando sus representantes apoyan al Sr. Sánchez Fornet al insistir en que quizá el magistrado Sr. Pedraz cambiaría de criterio sobre su aplicación de la ley si sufriera el ataque de cócteles molotov, lo que serviría «para que estos jueces valoren el sufrimiento en el País Vasco de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias». En una palabra: los representantes de los agentes de seguridad no hacen referencia alguna al orden público en general sino al peligro en que viven esos agentes, lo que conduce a una alarmante personalización de la seguridad. Todo policía sabe que su misión es de riesgo, tenga éste una raíz política o provenga del llamado delito común. Pero ese riesgo no ha de justificar una respuesta perversa, si es que se prueban mediante una investigación solemne las torturas sufridas extra-lege por los detenidos, ni han de pasar a primer orden de consideraciones los peligros que dimanan del oficio policial. Insisto en que la personalización de estas amenazas o daños convierten la acción de la Policía en una irrazonable lucha entre dos bandos, cuando la Policía tiene por misión operar con la mayor asepsia para contribuir a una perfecta acción judicial.

Por cierto, ¿qué opina de todo ello el Gobierno de Madrid y especialmente el ministro del Interior, que recuerda mucho en su discurso la justificación hecha por Felipe González de los desagües del Estado? ¿Cómo es posible que las Fuerzas de Seguridad puedan agraviar con tan deleznable frivolidad a un juez sin que los mandos políticos y orgánicos de esas fuerzas tomen medidas para restaurar la higiene ética de esas fuerzas, desbocadas en su lenguaje, lo que quiere decir desbocadas en su disciplina? ¿En qué queda la solemnidad ejemplar que ha de revestir la acción policial para que todo ciudadano encuentre justamente retribuida su soberanía, que es la que en teoría sostiene a los agentes que protagonizan esa acción? ¿Estamos de hecho en una guerra sin el mínimo amparo de la Convención de Ginebra? ¿Cómo distinguir a los tenidos por justos combatientes de aquellos que no lo son, según la definición oficial?

En estas condiciones creo que debería superarse incluso el espíritu de organizaciones como Amnistía Internacional, que batallan ardidamente contra la injuria de la tortura, pero que no se deciden a dar el paso esencial de explicar qué raíces políticas, sociales y muchas veces económicas tiene esa tortura. De ello habla con una contundente brillantez Noemí Klein en su monumental obra «La doctrina del shock»: «La tortura es un indicador de que un régimen está sumido en un proyecto profundamente antidemocrático, aunque ese régimen haya llegado al poder mediante las elecciones». Y añade en méritos a su pensamiento esta magnífica frase de Simone de Beauvoir: «Protestar en nombre de la moral contra `excesos’ y `abusos’ es un error que sugiere complicidad activa. No hay `abusos’ o `excesos’ aquí, sino simplemente un `sistema’ que lo abarca todo». El párrafo de la Sra. Beauvoir lo culmina la profesora Klein con esta consideración de la tortura: «No hay ninguna forma humanitaria de gobernar a la gente contra su voluntad…». Y señala al respecto que no deben rechazarse meramente «algunas prácticas específicas (de la tortura) sino el objetivo superior que las ampara y para (cuyo logro) resultan esenciales». Ahí está la gran cuestión. No se trata, no, del ejercicio brutal de la fuerza por algún loco o sádico, que de todo hay en la viña del Señor, sino del imperio de un mecanismo perfectamente engrasado desde planos muy superiores y trascendentes para la vida colectiva. La tortura en el mundo actual ha sustituido a la razón y constituye el lenguaje de la brutal lógica de los dominadores. Sí, esta es la cuestión.

Y por ello insisto. ¿Qué debió sentir mientras interrogaba a Ailande el juez Pedraz? Cosas amargas seguramente. ¿Quizá impotencia para proceder con una justicia real? ¿Quizá un rechazo muy humano de la presunta forma de obtener unas declaraciones? ¿Quizá repugnancia acerca de lo que estaba viviendo en su tribunal? No lo sé. Sé, según los medios de comunicación, que suspendió la incomunicación y dejó en libertad provisional -lo que no quiere decir que haya dejado resuelto el caso- a Ailande.

¿Y los periodistas? ¿Qué hemos de hacer los periodistas? Pues contar las cosas con rigor y abandonar nuestro habitual comportamiento como parte en el caso. Hay unas posibles torturas, hay una decisión sensible del juez, hay una escandalosa personalización en la Policía y la Guardia Civil y hay, como siempre, un silencio del Sr. Zapatero, del que un diputado del Parlamento catalán, el Sr. Homs, ha dicho, con absoluta llaneza, que el actual presidente del Gobierno de Madrid pasará a la historia «como el más falso de España por prometer una cosa y hacer la contraria». El Sr. Homs se refería, seamos leales en la cita, al incumplimiento de lo que había asegurado el Sr. Zapatero para la nueva financiación de Catalunya, pero bueno será extender esa desautorización moral y política del Sr. Zapatero por lo que hace a su constante insistencia en el vigor del Estado de Derecho y en la protección de la libertad. ¿De qué habla usted, Sr. Zapatero? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde la protectora libertad?

Imagino lo que pasó por el alma del juez Pedraz. Debió ser como una nube de tristeza, como una nostalgia de la grandeza que se pidió siempre a la magistratura, hoy maltratada por gentes que vistiendo uniforme han decidido convertir en una guerra de taifas nada menos que la seguridad del Estado. Claro que todo esto lo supongo. En cualquier caso bienvenida sea esa luz entre tanto dolor».

Antonio Alvarez Solís

Periodista

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Alucino con los sindicatos de policía, ellos deberían ser los primeros interesados en que se pusieran las medidas oportunas para que ni pudieran torturar, ni se les pudiera denunciar falsamente. Mi opinión personal es que las torturas están tan extendidas que (aunque las haya de diferentes intensidades), que son conscientes de que tendrían que ir con mucho cuidado…

Siempre he pensado que la calidad de una democracia se mide por como están sus servicios públicos y por lo que veo en España cada vez estamos peor…

Imperialismo. ¿Enemigos del Imperio?

Posted in Iraq, Las Cloacas del Estado, Tortura by denuncia on 30 enero 2009

¿Enemigos del Imperio?

Justo cuando se ha realizado la vista previa en el juicio por el 11-S nos llega este artículo de Jean-Claude Paye en el que se analizan los juicios que, dentro de esa misma estrategia, se han desarrollado en Francia y Bélgica. Esa estrategia implica que «toda guerrilla, cualquier resistencia de los pueblos contra un enemigo militar superior, se convierte en criminal».

Las implicaciones de los juicios a las «redes kamikazes», que se desarrolla en Bélgica, al igual que en el proceso a las «redes iraquíes» que ha tenido lugar en Francia no son sólo cuestiones internas de ambos países sino que se inscriben en un nuevo orden jurídico internacional. A través de esos procesos, Bélgica y Francia tratan de asentar la jurisprudencia que permita satisfacer las exigencias estadounidenses.

La ley antiterrorista estadounidense, la Military Commissions Act de 2006 otorga al presidente de los Estados Unidos la prerrogativa de designar como enemigos a sus propios ciudadanos o a cualquier ciudadano de otro país con el que EEUU no esté en guerra. Se puede perseguir como «combatiente ilegal enemigo» sin precisar elementos de prueba, sino simplemente porque esa persona es considerada como tal por el Gobierno estadounidense. Esa noción, introducida inmediatamente después de los atentados del 11-S en el Derecho estadounidense a través de un decreto presidencial, tomó carácter de ley en 2006 . Por lo tanto, esa incriminación no responde a una situación de urgencia, sino que se convierte en permanente y se constituye en en pilar sobre el que se construye el nuevo orden jurídico mundial.

En el marco de la Executive Order de 2001, esta noción permitía perseguir o encarcelar, sin inculpación, a cualquier extranjero capturado en los campos de batalla de Afganistán y de Irak o simplemente vendido al Ejército estadounidense por las mafias locales. La ley de 2006 amplía la consideración de «combatiente ilegal enemigo», ya que no se aplica ya sólo sobre los extranjeros detenidos o comprados en el campo de batalla, sino que concierne a cualquier estadounidense o a cualquier extranjero que no haya salido nunca de su país de origen. En el caso de los estadounidenses inculpados en base a esa noción, estos son puestos a disposición de jurisdicciones civiles, mientras que los extranjeros pueden ser procesados por comisiones militares. Las comisiones militares son tribunales especiales que no conceden ningún derecho de defensa y suprimen toda separación entre poderes (ver «La introducción a la anomia en el Derecho», GARA 13/1/2007).

El Military Commissions Act de 2006, ley de aplicación internacional, no ha sido cuestionada por ningún estado. Al contrario, asistimos a una adaptación del sistema de Derecho de otras naciones a fin de satisfacer eventuales peticiones de extradición basadas en dicha ley. De ahí la importancia fundamentales del proceso contra las «redes kamikazes» que se desarrolla actualmente en Bélgica como el que afecta a las llamadas «filiales iraquíes» en Francia.

En un conflicto en el el que ni Bélgica ni Francia son partes directas, sus respectivos tribunales se otorgan la competencia de determinar qué parte de las fuerzas que combaten son legítimas y cuáles criminales. En vez de considerar a los detenidos preventivos como combatientes que luchan contra la presencia ilegítima de las tropas estadounidenses, otorgándoles un status previsto en el derecho internacional humanitario, estos tribunales los consideran como terroristas basándose en dos razones: de una parte, su lucha no sería justa, y de la otra, los medios empleados en su combate les identifican como criminales.

El 14 de mayo, el Tribunal Correccional de París condenaba a siete integrantes, seis franceses y un argelino, de la denominada «red iraquí» del distrito XIV de la capital, a penas comprendidas entre los 18 meses y los siete años de prisión firme por «asociación de malhechores en relación a un proyecto terrorista», bajo la acusación de «haber formado parte o participado en una red de reclutamiento y envío de yihadistas a Irak a partir de 2004».

Francia, país que ha condenado oficialmente la invasión de Irak, se integra en la estructura del Imperio al perseguir con sus leyes a jóvenes franceses que han combatido contra la agresión a los iraquíes. Este juicio es muy parecido al que se desarrolla en Bélgica. Se atribuye una competencia universal y criminaliza cualquier acción de resistencia armada a los EEUU. Plantea, asimismo, los mismos problemas en lo concerniente a la legalidad de los medios y pruebas: no se lleva a cabo ninguna investigación en Irak y las acusaciones se basan en las investigaciones en origen aportadas por los estadounidenses y obtenidas en muchos casos bajo tortura.

En Bélgica, acaba de concluir en la Corte de Apelación de Bruselas el juicio de apelación a 5 detenidos preventivos, condenados en primera instancia por «integración en grupo terrorista» a penas comprendidas entre los 28 meses y los 10 años de prisión. Se espera un pronunciamiento del tribunal para el 26 de junio. Estas personas están acusadas de haber participado en una red o filial que habría reclutado en Bélgica a combatientes para luchar en Irak.

Ignorando la existencia de tropas de ocupación, de 150.000 soldados y 100.000 mercenarios, el fiscal belga considera que la ocupación había terminado en el momento de producirse los hechos. El tránsito de un estado de guerra a una situación de paz no estaría determinado por la situación sobre el terreno, sino por la declaración hecha en este sentido por la administración norteamericana. Esta completa aceptación del punto de vista del ocupante ha sido compartida por el tribunal, al estimar que no había conflicto bélico en Irak en el periodo 2004-2005, con el argumento de que las facciones armadas disidentes no han ocupado una parte significativa del territorio iraquí desde la cual podrían haber lanzado ataques sistemáticos. Habría que recordar que de haber aplicado el mismo criterio a los miembros de la resistencia a la ocupación nazi éstos habrían sido considerados automáticamente terroristas.

La acusación y el proceso mismo descansan sobre una construcción: la existencia de una filial belga de kamikazes dispuestos a combatir en Irak. Sin embargo, no se ha podido establecer la existencia de un grupo estructurado de personas y el tribunal no ha aportado pruebas de que las personas juzgadas hayan «reclutado terroristas». Los datos transmitidos por el FBI no permiten saber con precisión lo que realmente ocurrió y el tribunal federal no pudo establecer que los detenidos tuvieran intención de enviar a personas a Irak dispuestas a hacerse estallar como kamikazes.

El tribunal aceptó pruebas recabadas en Argelia, cuando el Consejo de Europa considera que dicho país utiliza sistemáticamente la tortura en el marco de la «lucha antiterrorista». El tribunal se escuda en que no está «ni equipado, ni es competente, ni puede discernir sobre el buen o mal comportamiento de un estado». Sin embargo, ese mismo tribunal que dice que no está habilitado para verificar la legalidad de los medios con que se obtienen las pruebas se otorga una competencia universal para definir qué es una democracia, un estado de guerra o de paz, y hasta para determinar cuándo una guerra o una resistencia son justas.

La falta de visibilidad de estos combatientes es también, a ojos de los tribunales, un elemento que les designa como terroristas. Un combatiente es sólo el que forma parte de un Ejército regular de un estado constituido como tal. Toda guerrilla, cualquier resistencia de los pueblos contra un enemigo militar superior se convierte en criminal. Sin embargo, este juicio no parece aplicarse a los mercenarios contratados por firmas privadas estadounidenses que no se someten al Derecho y que no son, en consecuencia, más identificables que los miembros de la resistencia. Es el poder que se concede el tribunal de nombrar a un enemigo como terrorista el que da lugar a estos juicios. Es el reconocimiento total del Derecho del Imperio mediante la aplicación de la Military Commissions Act de 2006 en suelo europeo.

Jean-Claude Paye

Sociólogo

Artículo original

En definitiva, que Países como Francia, España, Bélgica, se situan deslegitimando la invasión a Iraq, por parte de EEUU, pero a quien lucha en Iraq, contra EEUU, los llama “terroristas”. Siguiendo órdenes de detención de EEUU, para que detenga como “combatientes ilegales” a quienes responden a una invasión ilegal.

¿Donde está la coherencia? ¿Hay derecho a la resistencia y autodefensa por parte de los iraquís frente a una invasion?

¿O Se llama “terroristas” simplemente a quien no es amigo?

¿por qué colaboran los países europeos con un país que invade a otro país cuando se desautorizó esa invasión?

Tu ignorancia es su fuerza

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Tortura by denuncia on 30 enero 2009

“La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza” – 1984, George Orwell.

Como si nos halláramos en la magistral e inquietante novela de George Orwell, así me siento cuando veo lo acontecido en Zizurkil y cómo nos lo venden desde la práctica totalidad de los incomunicantes medios de comunicación del estado todo. No será esta una excepción y de nuevo volveremos a fijar nuestra mirada en la cadena televisiva que más nos atañe, la televisión pública vasca (EITB), que como en muchos otros casos en los últimos tiempos, no difiere apenas nada de todas las demás, acaso que por lo sibilino en su manera de desinformar al personal, y de querer desmemoriarlo cual orwelliano Ministerio de la Verdad, resulta de lo más representativa entre todas ellas.

Anteayer abría su programa de sobremesa Pásalo con este polémico tema, presentándolo de la siguiente manera:

 

 La ignorancia es la fuerza

 

Por un lado se nos ocultan datos, por el otro se nos dice que Arregi y Geresta eran miembros de ETA. Parece que como soplar y sorber no se puede, o sea, llamar etarras a dos personas nunca juzgadas y al mismo tiempo decir de ellas que fueron víctimas de terrorismo, desde ETB2 decidieron por nosotros lo que tenemos que saber y lo que no.

No seré yo quien niegue la pertenencia a ETA de Arregi y Geresta, puesto que no tengo conocimiento de que haya habido ninguna protesta que negara tal cosa en todos estos años, supondré que era así, pero una cosa son mis suposiciones y otra que en la TV pública vasca se diga que alguien pertenece a un grupo catalogado como terrorista sin que ese alguien haya sido nunca jamás condenado por dicha causa en ningún tribunal. Ya vemos que las calles de Zizurkil, legalmente, no llevan los nombres de dos etakides (militantes de ETA), puesto que ni Arregi ni Geresta fueron nunca condenados por ello, luego se nos miente desde los partidos y se nos miente desde los medios, repito, ni fueron condenados por tal cosa ni admitieron públicamente su pertenencia a ETA, luego, legalmente, no se puede hablar de miembros de ETA como lo han hecho estos adalides de la legalidad del “estado de derecho”.

Por otro lado se nos oculta que ambos al parecer fueron torturados, uno murió a consecuencia de las torturas y a otro, según testimonios que veremos a continuación, le pegaron un tiro en la sien despues de haberle torturado mediante martillazos en la boca, ahí es nada… martillazos en la boca. Fue el caso de José Luis Geresta, oficialmente suicidado, y públicamente notorio y muy divulgado en diferentes medios nada sospechosos de “entornismo”, torturado y asesinado. Y ello en marzo de 1999, durante el mandato de Aznar y con Mayor Oreja en el Ministerio de Interior. No fueron sólo periodistas los que pusieron en duda la versión del suicidio, José Barrionuevo, 8 meses después de los hechos, incidía en las contradicciones de la versión oficiosa desde las páginas de El País:


“Marzo de 1999. El etarra Luis Geresta aparece muerto, en las afueras de Rentería, con un tiro en la sien derecha. La pistola que lo ha disparado, y que no es suya, está en el lado izquierdo. Su mano está en el bolsillo del pantalón. Ya muerto le han arrancado dos muelas y le han serrado otra. Suicidio legal.

Lo que no está tan claro aparte de lo de “el etarra” es lo de que le sacaran las muelas después de muerto. Esto lo declaraba un militar, ex-director de la Guardia Civil para más señas, en entrevista publicada en La Razón el 19 de noviembre de 2001:

Al preguntársele si en el actual gobierno persisten los métodos de guerra sucia, Sáenz de Santa María respondió: “La hay también. Supongo que sí. Los comandos no se entregan solos. Incluso ha aparecido algún muerto con un diente extraído a martillazos (el citado José Luis Geresta). Después de morir no se pegan martillazos en la boca. No lo digo como crítica […] Está bien el estado de derecho, pero no se puede llevar hasta sus últimas consecuencias, porque quedaríamos en manos de los terroristas” [….]A la pregunta de si mediante la guerra sucia se puede acabar con ETA, respondió que esta táctica “no se puede fomentar, pero es necesaria. Con la sola aplicación del derecho no se consigue la declaración del detenido“.            

 La guerra es la paz

El quid de la cuestión lo enunciaba ayer Jose María Chacón en el diario digital más crítico de entre los jeltzales, aunque como veremos la crítica a la casa propia tiene un límite:

 

El caso es que Joxe Arregi fue asesinado. Tan asesinado como Melitón Manzanas. Por tanto, Arregi es una víctima de la violencia política. Y, por ello, lo que han hecho los partidos de Zizurkil ha sido retirar de una calle el nombre de una víctima de la violencia. 

El problema lo exponía, con cruda claridad, una tertuliana de Radio Euskadi: la cuestión estriba en que, “independientemente de que fuera asesinado o no”, Arregi era un miembro de ETA, y a un miembro de ETA no se le puede dedicar una calle.

 

Lo que me tiene que explicar esa tertuliana, y con ella el PP y el PSOE, y ya de paso también los partidos abertzales (con abertzale se refiere al PNV) que votaron a favor en Zizurkil, es por qué cuando la víctima de la violencia muere a manos de ETA su victimización es absoluta y su cualificación como víctima ha de anteponerse a cualquier otra calificación de esa persona, y sin embargo cuando la víctima muere a manos del GAL, o el Batallón Vasco Español o la Guardia Civil, lo que se antepone a todo es su presunta pertenencia a ETA o su relación con su “entorno”, como en los casos de Brouard o Muguruza, dejando el hecho de que fueron asesinados en un muy oscuro segundo término. Tan oscuro, que tanto el PP como el PSOE tienen como uno de los pilares de su estrategia política el más estricto negacionismo de cualquier caso de violencia desde el lado español.
[….]
¿Qué mensaje están lanzando a nuestros hijos los políticos con sus decisiones, más allá de todas las campañas educativas que quieran llevar a cabo? Que no todos los asesinatos son condenables. Que hay asesinatos inhumanos y brutales, pero que otros son aceptables. Y que el elemento de juicio para distinguir entre asesinatos justos o injustos es si la víctima y el victimario era de “los nuestros” o de “los otros”, de los buenos o de los malos.
 

 

 

 

 

 O sin perjuicio en el significado: amigos o enemigos, dos bandos y una guerra, como lo calificó el ex-director de la Guardia Civil y jubilado teniente-general del Ejército español José Antonio Saénz de Santamaría, en la misma entrevista mencionada anteriormente:

“Yo la llamo irregular, porque no conozco ninguna guerra limpia. Por eso, prefiero hablar de guerra regular o irregular.” – La Razón, 19/11/2001.

Sin paños calientes: una guerra desde los poderes del estado, que lo mismo utiliza injustamente la ley, que la tortura y el asesinato. No nos valen aquí comparaciones imposibles y demagógicas como la que establece Jose María Chacón finalizando su artículo:

“¿Cómo vamos a alcanzar un acuerdo que haga posible una convivencia normalizada si cada bando sólo reconoce como víctimas a las propias y ensalza como héroes a los que asesinan en su nombre?”

En primer término no hay dos bandos que solo reconozcan como víctimas a las suyas, puesto que la Izquierda Abertzale considera víctimas del conflicto a todas ellas, y en segundo lugar el señor Chacón habla como si su partido, el PNV, no tuviera nada que ver en la baina, se pregunta en párrafos anteriores qué pintan ahí los abertzales, refiriendose con ello al PNV que ha sido el que ha presentado la propuesta de cambiar de nombre a las calles (solo al PNV, pues Aralar rompió la coalición con EB por este motivo y se posicionó en contra) como si no fuera públicamente notorio que el PNV está haciendo todo lo que sea por llegar a acuerdos con el PSOE, como si nos hubieramos caído ahora de un guindo y no supiesemos que acude a homenajes a las víctimas del terrorismo entre las que solo se incluyen como tales a las víctimas de ETA y entre ellas a torturadores fascistas ejecutados durante la dictadura, como si lo del tiranicidio fuera algo reprochable y las víctimas de la guerra sucia del estado no fueran víctimas del terrorismo, incluyendo civiles que nada tenían que ver con ETA, por cierto.

Ahora el terrorismo de estado se hace mediante tribunales; caso del 18/98, Egunkaria etc, o a la vieja usanza, como le gustaba al ex-director de la Guardia Civil; Portu y Sarasola, y ahí está el PNV, para pactar con el partido en el gobierno. Pero la guerra es la paz y aquí paz y despues gloria, es lo que nos vende “el Partido” y su TV pública privada. Parafraseando a Chacón: una de buenos y malos, pretendiendo desmemoriarnos una vez más, eliminando los nombres de las calles de un “suicidado legalmente” (Barrionuevo dixit) y un torturado hasta la muerte en manos de la policía. Ellos son los malos, y sus asesinos, a los que hora protejen, hora indultan, hora ascienden de rango los mismos partidos con quienes pacta el PNV, los buenos.

Porque aquí y ahora, igual que en la novela de Orwell, la ignorancia es la fuerza es el lema fundamental de “el Partido”. Igual que en cualquier fascismo, mantener al pueblo ignorante y allanar el camino para hacer todo lo que se quiera son una y la misma cosa.

Lo sentimos mucho señores (lo de señores es un decir), pero esta vez no cuela.

Joxe Arregi y José Luis Geresta, siempre en la memoria.

 Extraido de World in conflict

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