Las Cloacas del Estado

Los torturadores son convenientemente castigados :/

Posted in Las Cloacas del Estado by denuncia on 30 enero 2009

“los torturadores son convenientemente castigados por la Justicia como corresponde a un Estado de Derecho” 

 El Comisario Provincial de Sta. Cruz de Tenerife, Juan Antonio Gil Rubiales, manifestó a los medios de comunicación de las Islas que la policía ha dejado de ser represora y añadió que la represión se utiliza contra los que no respetan los valores democráticos. La tenebrosa biografía de quien afirma esto incluye una condena por torturas que condujeron a la muerte de un detenido.

 

 

En unas sonadas declaraciones a los medios de comunicación del Archipiélago canario, el Comisario Provincial de Santa cruz de Tenerife, Antonio Gil Rubiales, declaró que la policía se ha adaptado para dejar de ser represora. El jefe de la policía tinerfeña aseguró con aparente convicción, que la represión quedó hace tiempo atrás y que ahora la policía es un engranaje más de la sociedad democrática. Por si todavía estas afirmaciones pudieran suscitar alguna duda acerca de su vocación democrática, el Comisario Provincial trató de ilustrar aun más la profundidad de sus ideas liberales afirmando que en su opinión, la labor preventiva para evitar que se cometan hechos delictivos es fundamental, aunque -matizó el policía- la represiva también es necesaria por cuanto se aplica a quienes violan la ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales. Finalmente, el Sr. Gil Rubiales terminó lamentándose del hecho de que todavía existan sectores de ciudadanos que ven con desconfianza a los agentes de la policía. Si las declaraciones del Comisario no chocaran frontalmente con la brutal realidad que domina hoy en muchas dependencias policiales del Estado español y con su propia biografía, hasta podría pensarse que sus afirmaciones las había pronunciado un libérrimo funcionario ingenuo, pero con vocación de cumplir correcta y profesionalmente con sus deberes.

Y es que en la España de nuestros días son muy pocos los políticos y los altos funcionarios que están dispuestos a cargar con el fardo de su propia historia. Existe el propósito deliberado de que nuestra sociedad se vea sumida en una suerte de amnesia colectiva. Sucede, además, que la desmemoria retrospectiva va acortando vertiginosamente los plazos. No solo se nos induce a olvidar lo que sucedió hace 60 ó 40 años. En la actualidad, una suerte de alzheimer borra sistemáticamente los sucesos mediatos. Nuestros medios de comunicación han perdido la dimensión de la historia. No se trata, desde luego, de un hecho casual. Responde a objetivos muy bien definidos. En la medida en que se logre que carezcamos de memoria, se anula nuestra capacidad para enjuiciar los acontecimientos o a las personas.

Es por ello por lo que pensamos que seria útil hacer aquí un ejercicio de memoria y darle hacia atrás a la moviola del tiempo. Fundamentalmente por tres razones. Una, para que nadie se llame a engaño. Dos, porque hacer una valoración de la biografía de este funcionario y presunto demócrata y las circunstancias históricas que han acompañado su trayectoria profesional, puede ser una ilustrativa lección acerca de la España de los últimos 30 años. Y, finalmente, porque recuperar el recuerdo del tiempo presente -es decir, del conjunto de sucesos y personajes coetáneos con nuestras propias vivencias- nos salvaguarda del engaño y de la falsificación. No es una casualidad que los dos partidos políticos hegemónicos no estén interesados en que la sociedad recobre su enlace con el pasado. Uno reclama que este sea, simplemente, borrado. El otro, que la recuperación quede sujeta a los aspectos más formales.

¿Quién es, pues, el hoy comisario Juan Antonio Gil Rubiales? ¿Cuáles son las credenciales biográficas de este servidor del Estado que tan valientemente se ha pronunciado por los valores democráticos y el respeto a las exigencias del Estado de Derecho?

El crimen

Cuando el día 13 de Febrero de 1981, José Arregui Izaguirre fue conducido a la prisión de Carabanchel, después de permanecer 9 días en los locales de la Dirección General de la policía en Puerta del Sol, su estado era tal que, posiblemente, lo menos que le preocupaba en aquellos instantes era recordar los rostros de los torturadores que con tanta crueldad lo habían dejado en aquel estado. Su aspecto, según los que tuvieron oportunidad de verlo a su llegada a la Prisión, era lastimoso. Una enorme mancha compuesta por cardenales, llagas descarnadas y quemaduras ocupaba todo su cuerpo. La apariencia lamentable que presentaba alarmó de tal manera a la Dirección de la prisión que para liberarse de responsabilidades, ordenó el inmediato traslado del detenido a la sección hospitalaria de la misma. Según el relato de un preso político que acompañó junto a su cama al torturado, un funcionario que prestaba servicio como practicante intentó aliviar con sedantes los intensos dolores del recién ingresado. El sanitario, desconcertado por la gran profusión de moretones que cubrían el cuerpo de Arregui exclamó con gesto de impotencia: ‘¡Yo aquí no tengo lugar por donde pinchar!’ El estado de José Arregui fue agravándose progresivamente hasta que por fin, el día 13, fue enviado urgentemente a la ciudad sanitaria provincial, donde ya ingresó cadáver (1).

Tres presos políticos que se encontraban por aquellos días recluidos también en el hospital de la prisión, conmocionados por el aspecto de Joseba Arregui, se atrevieron a preguntarle por el tipo de tortura que había sufrido. Arregui, balbuceando, musitó: Ha sido muy duro. Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué… Saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron por todas partes.

José Ignacio Arregui Izaguirre era un fornido camionero vasco, de treinta años de edad, que había sido detenido por la policía española a principios del mes de febrero de 1981. Según el ministro del Interior de entonces se trataba de un presunto miembro de la organización armada Euskadi ta Askatasuna (ETA). Si en realidad José Ignacio Arregui era o no miembro de ETA, no lo sabemos, porque nunca tuvo la oportunidad de defenderse ni de comparecer ante ningún tribunal.

Según un comisario de policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de Daniel Abad, autor de un peculiar libro de memorias que tituló Yo maté a un etarra, Arregui Izaguirre había sido tratado por la policía de entonces como una presa cotizada, tras la cual se escondía el celo supuestamente profesional de gente sin escrúpulos. Los policías -escribió el polémico comisario en sus memorias- se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima.

Joseba Arregui murió a las pocas horas de haber ingresado en el hospital penitenciario. Su asesinato desencadenó una ola de protestas dentro y fuera de España. Multitudinarias manifestaciones y huelgas generales se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de todo el Estado, particularmente en Euskadi. El asesinato de Arregui sirvió para poner al descubierto que en el aparato represivo del Estado español nada había cambiado después de los seis años transcurridos desde la muerte del dictador.

El torturador

Uno de los rostros que Joseba Arregui no quiso recordar aquella fría mañana del viernes trece de febrero, mientras maltrecho y con el cuerpo destrozado era trasladado a la prisión de Carabanchel, correspondía al de Juan Antonio Gil Rubiales. El joven inspector de la brigada político social Gil Rubiales había ingresado en el Cuerpo en el turbulento año de 1971. Diez años después, Gil Rubiales no era ya un policía cualquiera. Pertenecía a la conocida Brigada Central de Información, una sección de élite, en la que los neodemócratas del franquismo, los ministros Martín Villa y Rosón, habían agrupado a lo más florido de la antigua brigada político social. La Brigada Central estaba encabezada por el temido comisario Ballesteros. Manuel Ballesteros, jefe de Rubiales, era un celebérrimo policía conocido en las filas del antifranquismo por los expeditivos métodos que utilizaba con todos aquellos que tenían la desgracia de caer en sus manos. Antonio Palomares, por ejemplo, dirigente comunista valenciano y enlace entre el Comité central del PCE y su organización en Canarias, fue personal y salvajemente torturado por este sujeto en la década de los sesenta. Quedan todavía abundantes testimonios de sus torturas practicadas en las comisarías de Valencia Galicia y Euskadi, donde su paso dejó huellas. Junto con el histórico comisario Conesa, Manuel Ballesteros forma parte de esa memoria aún no desvelada de la represión franquista de las dos últimas décadas de la dictadura. Otro de los personajes con los que el actual comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife compartió profesión y persecuciones en aquella siniestra Brigada Central de Información, fue el famoso policía Billy el niño, con un largo historial de sadismo y de sofisticación en la práctica de la tortura. Su fama como torturador ha sido tal que en uno de los últimos capítulos de la serie Cuéntame aparece como un personaje representativo de la represión de la época. Billy el Niño formó parte, también, de la jauría inhumana que aquel mes de febrero del 81 se disputó en los interrogatorios el cuerpo de Joseba Arregui. Como puede constatarse el elenco de amistades peligrosas que acompañaba al Gil Rubiales de aquella época era todo un paradigma de buen hacer policial (2).

Una ‘brillante’ carrera policial

A finales de los setenta Juan Antonio Gil Rubiales había ganado ya no pocos méritos en su lucha contra los enemigos de la Patria. Entonces era fácil entender a quienes se bautizaba con ese tipo de calificativos. Se trataba, generalmente, de jóvenes obreros y estudiantes adscritos a la clandestinidad de las organizaciones de la izquierda comunista. Y Juan Antonio Gil, a juzgar por los méritos que ya en aquel año colmaban su cargada hoja de servicios, se empleó a fondo en combatirlos.

Pero después de las primeras elecciones del 77 las cosas en el Estado Español empezaron a cambiar, aunque el objetivo final de esos cambios fuera, justamente, que nada cambiara. Los enemigos a combatir también empezaron a ser otros. Se habían firmado los Pactos de la Moncloa y los partidos más connotados de la izquierda incorporaron a la monarquía heredada del franquismo al glosario de las cosas que ahora había que defender. Fue esa la época en la que paradójicamente, la policía política de la dictadura se esmeraba en explicar a quienes querían escucharlos -y en las esferas oficiales no eran pocos- que ellos en realidad eran apolíticos, y que su papel consistía exclusivamente en defender los intereses del Estado, como si estos nada tuvieran que ver con el estado de los intereses.

Tensiones en el curso de la transacción ‘democrática’

De acuerdo con la nueva orientación de los vientos que empezaban a soplar en la España monárquica y democrática recién inaugurada, al inspector Gil Rubiales parecía esperarle todo un carrerón. Y posiblemente hubiera sido así si la muerte no suscitara tanta indiscreción, sobre todo cuando está acompañada por la aplicación brutal y cobarde de la tortura. Seguramente, de haber sucedido las cosas de otra manera, Juan Antonio Gil no hubiera tenido que esperar tantos años para ver coronada su carrera con el flamante nombramiento de Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pero la muerte de Joseba Arregui había sido un autentico escándalo. Las fotos de su cuerpo destrozado recorrieron las redacciones de la prensa nacional y extranjera. Ya no se podía enmascarar con tanta facilidad como en el pasado las muertes fortuitas acaecidas en las dependencias policiales. Ya no resultaba tampoco creíble, si alguna vez lo fue, anunciar con impunidad en los medios de comunicación aquello de que según informa la Dirección General de Seguridad el detenido, en un descuido de los funcionarios que le custodiaban, se arrojó desde uno de los balcones de la comisaría, perdiendo la vida.

Los ministros, algunas jerarquías eclesiásticas, los directores de periódicos y la oposición domesticada tomaron distancias de la responsabilidad del crimen. Fingieron sentirse horrorizados por lo que, de una forma o de otra, fuera y dentro de las comisarías, había sucedido en más de cien ocasiones desde la muerte del dictador. El País, -portavoz de los sectores de la burguesía española que apuraban la incorporación de España al tren europeo-, estremecido ante la posibilidad de que casos como este acabaran haciendo malograr el modelo de transición que con tanto esmero el periódico estaba apadrinando, llegó a solicitar la cabeza del ministro del interior. De confirmarse que la muerte de José Arregui, -decía una editorial del periódico por aquellas fechas- cuyo cuerpo agonizante fue entregado por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, se ha producido como consecuencia de torturas o de tratos inhumanos comportamientos penados, por lo demás, en el artículo 204 bis del Código Penal-, nos encontraríamos ante un delito cuya responsabilidad puede afectar al propio titular del Ministerio del Interior y otros altos cargos del departamento, en el caso de que los presuntos culpables no sean detenidos y puestos a disposición del juez.

Gil Rubiales fue detenido. No había actuado solo, pero él era el principal responsable de la degollina que se había producido con la víctima. Su detención y la de otros compañeros suyos, desplegó un imponente movimiento de solidaridad en la vieja estructura policial franquista. El ultraderechista comisario Ballesteros presentó su dimisión, que fue acompañada por la de todos los altos mandos que tenían entre sus funciones la represión política.

El asesinato de Arregui se había producido, en efecto, en el centro mismo del vórtice que enfrentaba a las dos fracciones del poder político del antiguo aparato del Estado. Una de ellas deseaba mantener intacto el edificio de la dictadura. La otra estaba por su maquillaje, pero garantizando la intangibilidad de los poderes económicos y el control del Estado a través de la figura del monarca. Días después de la muerte de Arregui esa confrontación se materializó en el golpe del 23 F. En aquel efímero y todavía enigmático duelo vencieron los partidarios de hacer un lifting al grotesco rostro del aparato del Estado franquista. Pero aquellos días de finales de febrero del 81, marcaron también con mucha claridad los limites de hasta donde estaba dispuesto el poder real -y, también, el Real- a que llegara el proceso democratizador que la sociedad española estaba reclamando. Los tanques que se pasearon por unas horas por las calles de Valencia terminaron por poner en posición de firmes a una dirigencia de izquierdas que ya había pactado cuál iba a ser el modelo de democracia que se impondría en el país. El escenario después de aquellos acontecimientos no pudo ser más desolador. Salvo contadas excepciones, la izquierda, -es decir, el conjunto de fuerzas políticas y sociales con voluntad realmente transformadora- fue barrida de la faz del Estado español.

Bajo el amparo de la democracia ‘consolidada’

Políticamente, los veintiséis años que siguieron a aquel 23 de febrero han sido una secuela del mismo acontecimiento. En las comisarías continuó torturándose a los enemigos políticos, y el crimen de estado tomó carta de naturaleza bajo los gobiernos de Felipe González. El Estado de derecho también se defiende en las cloacas, acuñó al respecto el dirigente socialdemócrata. Ahora la práctica del crimen de estado era asumida por un gobierno que había sido elegido, justamente, para que la aboliera. Por esas rocambolescas paradojas que se dan en la historia, iba a ser un gabinete presuntamente socialista el que con más eficacia defendiera los intereses de las enormes fortunas que se acumularon en complicidad con la dictadura. La gran Banca se apropió del país, y el Estado fue privatizado.

La vida de Juan Antonio Gil Rubiales no cambió excesivamente a lo largo de la década de los ochenta. El hecho de estar procesado por el caso Arregui, no le afectó especialmente en su vida profesional. En el año 1985, pese a sus antecedentes -o quizás precisamente por ellos- fue destinado a un punto socialmente convulso de la geografía peninsular, la comisaría de Pamplona. Allí inauguró su nuevo destino propinando palizas con cadenas a quienes manifestaban su protesta por la sospechosa muerte de Mikel Zabalza (3). Junto con otros inspectores de policía de aquella comisaría, recorría las calles de la ciudad, metiéndose en los portales y arrastrando a golpes hacia la calle a aquellos que intentaban protegerse en los mismos. El hecho tuvo un amplísimo eco en la comunidad Navarra, y la Delegación del Gobierno, que entonces ostentaba el conocido delincuente Luis Roldán, sofocó el escándalo con una leve sanción a sus protagonistas (4).

Durante aquella década, Gil Rubiales fue juzgado y absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en dos ocasiones por su implicación en el caso de las torturas a Joseba Arregui. Pero el Tribunal Supremo sensible, sin duda, al escándalo que provocaron tales absoluciones, anuló las sentencias, y lo condenó a la ínfima pena de tres meses de arresto y dos años de suspensión de empleo y sueldo. En una de esas irónicas paradojas de la Justicia, la sentencia del Tribunal Supremo reconocía la gravedad de las torturas infligidas en comisaría a José Arregui, pero no entraba a juzgar la relación existente entre éstas y la posterior e inmediata muerte del detenido. Pero aun más sorprendente resultó que ni el fiscal ni la acusación, ejercida por el socialista José María Mohedano en nombre de una Asociación de derechos humanos, que él mismo presidía, habían solicitado que tal relación fuera establecida. De manera que por arte de la magia judicial, el vínculo entre la causa y el efecto se esfumó en el curso del proceso. Una vez más quedaba de manifiesto el status especial del que disfrutan en España los centuriones del poder político.

Ignoramos si Gil Rubiales cumplió los dos años de suspensión de empleo y sueldo. Pero no pocos compañeros suyos, condenados por delitos similares y protegidos por el ministro del Interior de turno, ni siquiera se vieron obligados a abandonar la actividad profesional por el tiempo determinado en la condena.

Dieciséis años después de que el Tribunal Supremo pronunciara la inapelable sentencia, sus superiores lo nombraron Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Antonio Gil Rubiales -dijeron para justificar la atrocidad- como cualquier otro, merece una oportunidad. Justamente la oportunidad de la que Joseba Arregui nunca pudo disfrutar.

 Epílogo

Cuando hace dos años, la revista digital Canarias Semanal desveló en sus páginas la biografía del nuevo Comisario Provincial, la proyección que tuvo la denuncia en todo el Estado español fue considerable, particularmente en la prensa digital. El PNV e Izquierda Unida hablaron de una interpelación parlamentaria contra el nombramiento de Gil Rubiales, que terminó perdiéndose en los pasillos del Congreso de los diputados. En las Islas Canarias, en cambio, la repulsa quedó limitada a los pronunciamientos emitidos por el movimiento ciudadano Asamblea por Tenerife y el de Los Verdes de la misma isla. El resto fue silencio, un letal silencio. Y como siempre ocurre cuando la verdad renuncia a ser contada, la falsificación y la mentira ocupa rápidamente su lugar. Andrés Chávez, un abyecto periodista, muñidor mediático de los intereses de la burguesía tinerfeña, lo ha expresado estos días en las páginas del rotativo de mayor tirada de la Isla: Juan Antonio Gil Rubiales, -decía el plumífero en su columna- es un excelente policía, enamorado de su profesión y sin aspiraciones a erigirse en comisario político. Un dossier suyo con datos absolutamente manidos, caducados, prescritos y burdos es alimentado en determinados cenáculos. La otra historia del comisario Juan Antonio Gil Rubiales ha empezado ya a escribirse.

 
 

Notas y referencias bibliográficas:

(1) Una abundante recopilación de notas y artículos de prensa alusivos al caso, publicados en el periódico El País, pueden consultarse en dos documentos incluidos en la siguiente dirección electrónica:

(2) Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Escuela General de Policía en el año 1971. En 1977 ya había recibido por sus servicios la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, así como múltiples felicitaciones públicas por la eficacia de su trabajo. En el año 1982, apenas un año después de haber sido imputado por torturar a José Arregui, fue premiado por sus superiores con la Cruz al Mérito Policial. El currículo que el propio Gil Rubiales entrega a la prensa se asemeja más a la hoja de servicios de Rambo que a una referencia biográfica de la trayectoria de un funcionario. En él nuestro Comisario Provincial se jacta de su participación en la desarticulación de o­nce comandos autónomos anticapitalistas, 32 comandos de información de la banda terrorista ETA, otros siete comandos armados de la rama político-militar de ETA y 18 comandos armados militares de ETA. Como resultado de estas operaciones -relata el mismo comisario- detuvo a 271 personas, intervino 71 pistolas automáticas, 17 revólveres, 21 subfusiles, tres rifles, doscientas escopetas, 7.500 cartuchos, 400 kilos de explosivos, 32 granadas y 280 detonadores (Periódico El Día, 12 marzo 2005, Tenerife).

(3) Diario de Navarra 20-12-85

(4) El denominado caso Zabalza ocupó las primeras páginas de los periódicos durante varios meses a partir del mes de noviembre de 1985 -fecha en la que Mikel Zabalza fue detenido por miembros de la Guardia Civil. Según la versión policial, Mikel Zabalza era un colaborador de la organización ETA que se había fugado mientras era conducido, de noche, por el túnel de Endarlaza, acompañado por varios guardias civiles del tristemente célebre cuartel Intxaurrondo a la localización de un supuesto zulo, perteneciente a la organización armada. Esta versión fue cuestionada desde el primer momento por casi todo el mundo ya que presentaba serias fisuras. Zabalza había sido detenido a la vez que su primo, con el que convivía. Esa misma noche fue apresada su novia, una donostiarra estudiante de Magisterio que residía en el barrio de la Paz junto a su familia. Todos ellos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y tras la desaparición de Zabalza puestos en libertad sin cargos, aunque la novia, Idoia Aierdi, denunció torturas. La versión oficial presentaba considerables fisuras que motivaron que durante más de dos años, el caso fuera investigado por un juzgado de instrucción de San Sebastián que, finalmente, en julio de 1988, acordó sobreseer las diligencias abiertas.

 

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