Las Cloacas del Estado

Historia de una vulneración de derechos: La Ley de Partidos III

Posted in Euskal Herria, Las Cloacas del Estado, Sociedad by Nynaeve on 2 marzo 2009

Este es el último artículo de la serie que pudimos leer en No se trata de hacer leer al respecto de la Ley de Partidos (no a la conculcación de derechos que gracias a ella se están produciendo, pero esos ya vendrán más adelante).

Bueno, pues vamos a meternos en harina de una vez. Cuando antes de las elecciones empecé a escribir una introducción sobre libertades, derecho de sufragio pasivo y posibilidades de restricción en democracia de la defensa de ciertas ideas políticas (aquí la primera y aquí la segunda parte) mi intención era acabar con un análisis somero de la ley de partidos y explicar a continuación cómo se había aplicado esta norma en estas elecciones municipales. Mi aspiración, indudablemente ambiciosa, era contar la verdad (al menos, la verdad jurídica) sobre el asunto. Lo cual era algo a la vez novedoso (nadie la cuenta por ahí con demasiada claridad) y pretencioso (en general, cualquiera que pretenda ir por ahí haciendo creer a la peña que sabe qué se cuece ahí arriba en materia antiterrorista es bastante imbécil, aunque todavía más estúpidos son los que le creen). Pero, de todas formas, sí creo que se puede aspirar a clarificar un poco el concreto marco jurídico en que estas batallitas se libran. No pasa nada por hacerlo y tampoco nada por tratar de hacerlo diciendo la verdad. Así que a eso vamos.

Además, también demostró ser osada mi intención de acabar estos textos antes de las elecciones. Mis disculpas a todos por este retraso que, espero, no haga totalmente prescindible el texto. De hecho, los acontecimientos posteriores (ruptura formal de la tregua por parte de ETA, inevitable retorno al consenso de los dos grandes partidos…) quizá faciliten esa pretensión mencionada arriba de contar las cosas con claridad, dado que permiten aproximarse a este asunto con un prisma más desapasionado.

3. La legendaria táctica del “sólo la puntita”

Decíamos ayer que la Ley de Partidos es una manifestación de esa forma de hacer las cosas que consiste en “meter sólo la puntita”. Como si, al limitarnos de esta forma, no pasara nada. Pero, como miles de curas han explicado a lo largo de siglos a jóvenes apurados, el pecado no entiende de puntitas (los embarazos, por la visto, tampoco necesariamente se toman demasiado en serio estas cosas). Uno puede aquietar así su conciencia, quizás. O intentarlo. Puede autoconvencerse de que no está infringiendo esta o aquella regla de conducta porque, a fin de cuentas, “sólo es la puntita” Pero lo cierto es que arribar a tal convicción tiene más que ver con las ganas de creer que con la realidad. Y normalmente sólo conduce, si uno se lo cree de verdad, a que uno se haga un lío todavía mayor. Porque a veces no es posible conciliar ciertas cosas, por mucho que nos duela. Y uno no puede querer disfrutar de verdad del sexo, experimentar y saber de qué va, pero a la vez pretender mantenerse virgen, casto y, en un sentido rancio, puro. Pues no. O una cosa o la otra.

Con un modelo constitucional como el nuestro, de democracia no militante, la Ley de Partidos se enfrenta a un dilema semejante. Porque es una ley que se aprueba con la intención expresa de lograr un instrumento jurídico que permita ilegalizar al brazo político de la izquierda abertzale. No porque colaborara con actividades terroristas o contribuyera a financiarlas. Algo así, como es lógico, en España está y ha estado siempre prohibido y comporta, caso de que se pruebe, la ilegalización de la asociación o partido que se dedique a cualquier tipo de actividades ilícitas. No digamos ya si estamos hablando de terrorismo. Pero en España los intentos de ir por esta vía y de probar conexiones de HB y sus sucesoras con las actividades delictivas de ETA habían fracasado siempre con estrépito. Por este motivo era precisa una Ley de Partidos que permitiera ilegalizar a partir de una base fáctica menos exigente. En concreto, la idea es que el simple apoyo a la causa terrorista, la apología de la acción armada o, como se debatió durante la tramitación de la ley, la mera “no condena del terrorismo” permitieran instar la ilegalización de un partido. De hecho, cuando una vez aprobada la ley el proceso se inició contra Batasuna el motivo que lo desencadenó fue la no condena de Batasuna a un atentado en Santa Pola donde mueren dos personas.

El problema al que nos enfrentamos es evidente. En el fondo, vamos a plantear y a permitir una ley que ilegaliza partidos por las ideas que defienden o dejan de defender, por su simpatía por formas no democráticas, violentas y delictivas, de actuación, pero no porque se haya probado que participa o colabora con ellas (como digo, esto siempre ha sido algo que acarreaba la ilegalización de un partido político y, de hecho, en medio de un clima político muy favorable, que cristalizó precisamente en la Ley de Partidos, el juez Garzón también emprendió finalmente esta vía paralela para ilegalizar Batasuna, vía que por lo demás subsistía expresamente en la nueva ley). En una democracia no militante, algo así no es posible. Una ley como la de Partidos está, y todo el mundo es consciente de ello, en el límite de lo admisible (y eso siendo generosos). Pero se acepta porque hay un consenso social en el sentido de convicción compartida de que Batasuna y entorno son el brazo político de ETA. Y, dada la excepcionalidad de la amenaza terrorista, dado el amplio consenso contra ETA que se produce tras la ruptura de la tregua de 1998 (y, sobre todo, dado el consenso en torno a “meter caña”), casi todos optamos por mirar un poco para otro lado. Porque, total, gato negro, gato blanco…

Ocurre, sin embargo, que no se puede pretender seguir siendo virgen cuando se aprueban leyes como ésta que, de alguna forma, oficializan la voluntad del Estado de “ir a por todas” incluso a costa de asumir riesgos de constitucionalidad. Y esta pérdida de virginidad es especialmente peligrosa cuando de la lucha de una democracia, de un Estado de Derecho, contra el terrorismo se trata. Porque el ámbito en el que una sociedad no ha de permitir dejarse ganar la mano nunca por los terroristas es en el de la defensa de ciertos valores. A largo plazo, la más eficaz arma contra el terrorismo de una sociedad es la encarnizada defensa de sus formas, de sus garantías, de sus normas de ordenación de la convivencia.

La Ley de Partidos, a pesar de haber contado con un gran apoyo, fue rechazada por ciertos sectores de la población española. La Universidad y los juristas callamos, en general (aunque, la verdad, tampoco voy a fustigarme diciendo que permanecí en silencio porque, dentro de mis posibilidades, sí dije en su momento qué pensaba sobre este asunto), porque casi todos sabíamos perfectamente que nada de lo que dijéramos sonaría demasiado agradable a los oídos del consenso social existente. Que pedía y pide “caña“. Pero sí hubo ocasionales críticas, y partidos como Izquierda Unida o el PNV (a pesar de los evidentes réditos electorales que podía suponerle una ilegalización de parte de la competencia) manifestaron su oposición. No hicieron demasiada batalla del asunto, pero ahí quedó la cosa. El Gobierno vasco, además, planteó un recurso de constitucionalidad contra la ley y su aplicación ha sido también recurrida ante el TEDH (que, a todo esto, cualquier día puede darnos un susto, pero eso ya lo comentaremos cuando, en un sentido u otro, haya sentencia).

La triste historia de la Ley de Partidos se completa con la STC 48/2003 con la que se declaró constitucional la ley por medio de lo que se conoce como una sentencia interpretativa. Una sentencia interpretativa, muy resumidamente, es aquélla por medio de la cual el TC acepta la validez de una norma pero sólo si se interpreta de una manera muy determinada. Esto es, se trata de que, en aras a respetar al máximo la discreción del legislador, sólo se anulan leyes cuando no hay ninguna forma de interpretarlas que se adecue a la Constitución. Si, por el contrario, puede hacerse una lectura del texto conciliable con nuestra Carta Magna, el TC lo que ha de hacer es explicitarla, obligar a que la ley se aplique así a partir de ese momento y, bajo tal condición, declarar constitucional la ley.

El Tribunal se enfrentaba en la Sentencia 48/2003 al terrible callejón sin salida en que la clase política le había dejado. Porque literalmente (y más todavía interpretada como se había “vendido” que se debía entender la ley, por ejemplo permitiendo ilegalizaciones “por no condenar” el terrorismo) la ley era no ya inconstitucional sino abiertamente contraria al orden de valores que sustenta nuestro Derecho. Pero, a la vez, y más en asuntos del terrorismo, hay cierto consenso social y jurídico (o ha habido, hasta esta legislatura) en que mejor no meter bulla, tragarse algunos sapos y seguir todos la senda marcada por el Gobierno, salvo si las cosas ya pasan a ser sencillamente inasumibles. Las altas instancias del Estado, y los tribunales supremo y constitucional en primera línea, siempre han participado, lógicamente, de este credo. De modo que tampoco era cuestión de desautorizar al Parlamento. Pero claro, el problema es que la magnitud del sapo a tragar era demasiado grande. Incluso para un Tribunal Constitucional que, en esos tiempos, recordemos, estaba de lo más complaciente, como su Presidente se permitía señalar en público en cuanto podía, con la ofensiva contra los nacionalismos (incluidos los que no merecen sospecha alguna de haber aprovechado, alentado o comprendido cualquier deriva violenta) llevada a cabo por el Gobierno.

Así pues, el TC optó por lavarse la manos de forma muy hábil. Su Sentencia interpreta la ley de partidos para salvar su constitucionalidad, de forma que ya nada se oponía a su aplicación. De esta forma lavaba jurídicamente el asunto, imponiendo una interpretación que, muy resumidamente:

– no se ajustaba a la literalidad de la ley

– obligaba a interpretar los indicios que la ley enumeraba como posibles causas de ilegalización de forma conjunta para determinar si, de su valoración global, podía entenderse que tal o cual partido eran de facto una estructura de apoyo y ayuda para la realización de actividades delictivas (esto es, prohbía aplicar la ley de forma automática a partir de la mera expresión de ciertas ideas o posiciones políticas y acababa reconduciendo la posibilidad de aplicar la ley a algo perfectamente homologable a lo que ya existía, si bien permitiendo una prueba más sencilla e indiciaria); de esta forma el artículo 9, y en concreto el listado de causas del art. 9.3 quedaba muy matizado respecto a cómo había de aplicarse dado que o son elementos que de suyo constituyen actuaciones delictivas (y son superfluos como novedad legislativa) o son meros indicios mucho menos potentes de lo que pretendía la ley
– imponía un estricto respeto a los derechos de los ciudadanos que militaban, participaban o simpatizaban con los partidos políticos ilegalizados, caso de que no hubieran cometido delito alguno, por lo que la ley habrá de aplicarse permitiendo que en el futuro actúen con todas las libertades y garantías.

Sentada esta doctrina, la ley en realidad pasaba a valer para bien poco. El TC había embridado, al menos en abstracto y en teoría, el desmán. Pero, eso sí, permitiendo que la ley siguiera en vigor y fiando la efectividad de su loable preocupación por la defensa de la constitucionalidad a que la aplicación que se hiciera de la ley fuera estricta al seguir sus tesis interpretativas. De esta forma, en realidad, y más hablando de terrorismo y lo que cuesta que se enmiende la plana a la acción de gobierno en estos temas, ello suponía, en el fondo, a dar via libre. Porque de la correcta aplicación de la norma, por lo demás, nadie iba a estar demasiado pendiente. Pocos se molestarían en averiguar si se hacía de conformidad a lo que el TC había interpretado como única opción posible dentro de la Constitución. Así suelen ser las cosas, porque todos nos quedamos con el trazo grueso de la setencia: la ley era constitucional.

De hecho así ocurrió. De forma jurídicamente sorprendente porque para cualquiera que se preocupe de analizar de verdad las consecuencias de la sentencia resulta evidente que el TC se cargó la Ley de Partidos y la convirtió en un artefacto radicalmente inútil para el fin inicialmente pretendido. Porque las cautelas que estableció (la más importante, que las ilegalizaciones de partidos no podían nunca afectar, limitar o condicionar el ejercicio futuro de los derechos de sufragio y asociación por parte de las personas que formaban parte de esos partidos, cuestión por lo demás obvia en la Constitución, pero que supone una carga de profundidad evidente para poder aplicar la ley) convierten un empleo de la norma y una comprensión de sus fundamentos epistemológicamente rigurosos en sencillamente imposibles. La ley pasaba a ser casi superflua jurídicamente, aunque utilísima simbólicamente. Venía a significar el acuerdo de legislador e intérprete de la Constitución en que, si, aunque en los límites de lo admisible, en estos casos estaba justificado darle leña al mono.

4. Cuatro años más tarde, una vuelta de tuerca a la doctrina jurisprudencial en materia de ilegalizaciones

Afortunadamente para los amantes de la Ley de partidos a los juristas nos caracteriza una legendaria torpeza epistemológica así como cierto respeto al poder establecido y nadie relevante tenía demasiado interés en buscarle las cosquillas al Gobierno. Se ilegalizó Batasuna y se actuó contra las agrupaciones de electores que pretendieron sustituirla en las municipales de 2003 (luego, como es sabido, se coló en las elecciones autonómicas el Partido Comunista de la Tierras Vascas, sin que el Gobierno se enterara a tiempo o pudiera -o quisiera- hacer nada). Cuando estas actuaciones fueron fiscalizadas por el Tribunal Constitucional, recordando los recurrentes al TC su sentencia en que decía que la Ley de Partidos sólo era constitucional si se aplicaba salvaguardando todos los derechos de participación política de las personas que habían pertenecido a partidos ahora ilegales, el TC se vió en un aprieto, pero lo salvó con un hábil quiebro: para amparar la ilegalización de las agrupaciones que quería el Gobierno trató de identificar indicios que, a su juicio, conformaban una evidencia suficiente de continuidad respecto de lo que fue el partido ilegal. Como es obvio, su propia jurisprudencia impedía que estos indicios fueran las personas que habían militado o estado en las listas de esos partidos, personas que, recordemos, conservan todos sus derechos de participación política. Pero el TC argumenta que una cosa es la consideración respecto de cada persona de esta cuestión y otra muy distinta que la adición de individuos de esta extracción no suponga un elemento que permita predicar que la agrupación o partido en cuestión es en realidad una continuidad del ilegalizado. De forma que se montó una doctrina de suyo endeble y arbitraria pero que, y es de lo que se trataba, permitía salir del paso. Más de tres personas “contaminadas” permiten entender que la lista, agrupación o partido es continuación del ilegalizado e instrumento para tratar de burlar la ley. ¿Por qué motivo se estableció el umbral aquí? Muy sencillo, porque de esta forma se fijaba un criterio que, a salvo de un par de decenas de casos en pequeñas localidades, amparaba las pretensiones del Gobierno de ilegalizar tres centenares de listas. Precisamente eso era, y no otra cosa, lo que quería hacer el Tribunal. Y lo que hizo fue buscar un criterio ad hoc que le permitiera llegar a la solución que buscaba.

A casi nadie se le escapa que la forma de actuar del Tribunal plantea numerosos problemas. Uno, muy grave, de lógica jurídica. Porque si yo digo que la Ley de Partidos sólo se puede aplicar dejando a salvo los derechos de participación política de personas que nunca han sido acusadas de delito alguno, luego no puedo emplear el hecho de cómo estas personas hacen uso de su libertad contra ellas, privándolas de la posiblidad de libremente optar por una concreta opción política. El problema es que, aplicada la STC 48/2003 con rigor, la Ley de Partidos devenía inaplicable. Y no era eso lo que se quería. Pero el follón montado con este enredo es ya a ests alturas, al menos en Derecho, tremendo. Una ley que si se aplica constitucionalmente no sirve para nada, y queremos en principio respetar la Constitución, por una parte; una voluntad, por otra, de aplicarla a toda costa. Una esquizofrenia jurídica cierta. Una pena, en definitiva. Lo que suele ocurrir, vamos, cuando se pretende seguir aspirando a identificarse como adalidad de la pureza dado que sólo metemos, pues eso, “la puntita”.

Si un club de fútbol es disuelto por haber sido empleado de plataforma para blanquear dinero (hipótesis, como es sabido, de ciencia ficción en nuestro país), esto es, por haber sido vehículo de la realización de actividades delictivas, es obvio que esta disolución ha de dejar indemnes los derechos de todos los socios, aficionados o seguidores, a quien nadie podrá privar de su derecho, si les apetece, de poder volver a montar un club de baloncesto, de voleibol, de fútbol-playa o de curling. Pero ojo, también de fútbol. Que, de hecho, será lo más normal que pase, dado que es el deporte que les gusta. Pero claro, no es precisamente respetuoso con esa idea de que “tienen derecho a montar libremente lo que deseen” si luego entendemos que el hecho de que se monte un club de fútbol (uhhhh, fútbol, como antes, sospechoso) y que éste integre a personas que lo fueron del anterior en número suficiente (ummm, Mariano, ése que también estaba en el Almendralejo Fútbol Club primera versión, qué sospechoso) permite considerar, sin prueba adicional, que el nuevo club es continuidad de la asociación ilegal y que lo que pretende es seguir delinquiendo. Esto no respeta los derechos de los ciudadanos ni es serio. Entre otras cosas porque si estamos en un pueblo y nos gusta el fútbol, lo normal es que haya algunos de entre nosotros que vayamos a estar siempre en el club de fútbol del pueblo. Del mismo modo, si eres partidario de ETA y estás en Hernani, pues es bastante probable que si simpatizabas con Batasuna lo hagas también con las agrupaciones que ocupan su espacio electoral. Como en España se tiene derecho a defender ideas como ésta y como el TC ha dicho que la ley de Partidos sólo es constitucional si respeta estos derechos, los partidos vascos vieron pronto que ésta era una forma de buscar las cosquillas con las incoherencias del sistema: por la vía de constituir agrupaciones de electores, la izquierda abertzale podía seguir concurriendo a las elecciones. Al impedirlo el TC con los criterios señalados introducía una quiebra mayor en el sistema y visualizaba las flaquezas de su propia doctrina, devenida inaplicable porque en el fondo es que, sencillamente, es imposible aplicar la ley en los términos queridos por el TC (dado que de tal forma para nada serviría, nada permitiría hacer). Pero no sólo se trataba de esto, que es algo grave en el fondo. La forma de resolver el problema hacía algo peor porque sentaba las bases de más absurdo y más follón futuro: obligado a buscar una reglita de suyo arbitraria y convencional sentaba las bases que permitirían al entorno de la izquierda abertzale saber qué es lo que tenía que hacer para presentar listas que no pudieran ser anuladas (salvo, claro, si el TC cambiba su doctrina y de nuevo salía con alguna ocurrencia para salvar el caso ajustando sus pronunciamientos a los intereses del Estado).

Con este panorama hemos afrontado las Elecciones municipales. Y, más o menos, los elementos a integrar en la ecuación son:

– La Ley de Partidos es muy difícil de aplicar en sí misma, porque para ser constitucional acaba siendo ineficaz. Además, es un elemento de ataque autoinfligido a la legitimidad del sistema.

– El TC había sentado ya una doctrina sobre dónde se situaba el “umbral” que permitía entender que una agrupación de electores continuaba la actividad de un partido ilegalizado (los famosos tres elementos “contaminados”) que, por cuestionable y absurda que pueda parecer, era lo que había servido para cumplir los objetivos del Gobierno en 2003.

– Tanto la izquierda abertzale como el Gobierno sabían perfectamente, en consecuencia, cuál era la forma de “cuadrar” listas para que, siguiendo estrictamente la jurisprudencia del TC, fueran inobjetables.

– El Gobierno y la izquierda abertzale, si bien en plan ya muy chungo, seguían medio comprometidos con tratar de darse algo de cancha para ver si “el proceso” (esto es, las conversaciones en el marco de la tregua decretada en 2005) llegaba a buen puerto.

De todos estos elementos se deduce con facilidad lo que de verdad ha pasado jurídicamente con todo este asunto. La izquierda abertzale, sencillamente, se ha preocupado muy mucho de presentar listas que pasaran por el examen constitucional en los sitios donde de veras quería concurrir (esencialmente pequeñas y medianas poblaciones donde históricamente ha tenido mucho respaldo electoral, porque así podía ganar alcaldías o ser decisiva). A la vez, ha planteado listas lo suficientemente “contaminadas” allí donde le daba igual que la ilegalizaran, dado que podía compensar las pérdidas (siempre poco relevantes, porque se trata de lugares donde atrae menos voto) con la campaña de victimización que gratuitamente les brindábamos. Por este motivo se produce la paradoja de que en lugares de muy escasa población no se repiten nombres mientras en grandes capitales sí. No es que la “cantera” de los simpatizantes de ese mundillo sea sorprendentemente inversa a la población del municipio. Es que, por decirlo claramente, querían que les ilegalizaran. O habían asumido/pactado que lo harían. Y, por otra parte, sabían qué hacer para que les ilegalizaran o para que, por el contrario, no tuvieran más remedio, salvo nueva vuelta de tuerca constitucional difícilmente justificable, les dejaran concurrir.

Porque, por su parte, el Gobierno se ha visto cómodamente instalado en una situación en que, aplicando estrictamente los criterios del Supremo y del Constitucional de 2003, podía pedir la ilegalización de muchas listas mientras que, en cambio, dejaba tranquila a la izquierda abertzale en sus feudos. Que es lo que, por lo demás, ésta parecía estar deseando. En el marco de la ya acabada tregua, e incluso tras el atentado de Barajas, parece evidente que el Gobierno tenía cierto interés en normalizar el espacio de participación política de la izquierda nacionalista vasca más radical. Ya fuera por convicción democrática, ya por cálculo negociador. Pero lo importante, lo interesante jurídicamente, es que todo el kafkiano proceso de maduración de la Ley de partidos y la decantación jurisprudencial de sus pautas de aplicación permitían, de acuerdo con la estrategia de la izquierda abertzale, lograr estos objetivos simplemente con ceñirse estrictamente a la doctrina que fue fijada en 2003. Y todos tan contentos.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo no ha dejado escapar la oportunidad de criticar de nuevo al Gobierno, en una declaración particular y literalmente obscena. Porque es obvio que se podrían haber explorado otras vías de ilegalización (es más, las podría haber explorado alguien más y no sólo el Gobierno, ¿adivinan quién más podría haber tratado de instar a la ilegalización in toto, por ejemplo, de ANV, planteándolo en el Congreso de los Diputados?), es posible incluso que haya alguna posibilidad que hubiera permitido “llegar a tiempo” si de lo que se trataba era de seguir metiendo caña (sobre todo si se hacía todo vía ejecución de la sentencia ya dictada en su día de ilegalización), pero también lo es que es impertinente que el Supremo se pronuncie sobre estas cuestiones. De lo que ha de ocuparse es de analizar la legalidad o ilegalidad de las pretensiones que le llegan y le son planteadas. Quien las plantea es, lógicamente, quien tiene la legitimidad y la responsabilidad de hacerlo. Y la discusión sobre si lo hace bien o mal, cuando va más allá de lo jurídico, no corresponde a los juristas en tanto que tales.

La valoración que pueda merecer políticamente todo el episodio es cuestión de cada cual. La clave jurídica del asunto es que las leyes malas, constitucionalmente liminares, de imposible aplicación coherente, llevan en su seno las más de las veces en sí mismas los motivos de su fracaso. Cuando además su interpretación y aplicación se hace supeditando la corrección a la consecución de objetivos y se da a luz con ello a fórmulas tan absurdas como es el famoso criterio de “contaminación” sólo se están sentado las bases, en realidad, de un esperpento de tal magnitud como el que hemos vivido. Porque, por resumir, ANV y demás entes han visto cómo les ilegalizaban exactamente las listas que ellos querían que les ilegalizaran. Ni una más. Y ello ha sido posible porque es el modelo que hemos elegido el que lo permite. Como también ha permitido al Gobierno dejarles más o menos tranquilos dentro de esos límites. Y como, a la vista está, habría permitido más y más presiones a los límites de la interpretación constitucional coherente si ésta hubiera sido la línea que se hubiera querido seguir. Lo cual es preocupante, porque aunque está claro que el terrorismo es un problema excepcional, no lo está que haya que combatirlo con leyes jurídicamente excepcionales. Estaría bien que alguien empezara a plantear la necesidad de reconducir este tipo de normas a la normalidad y regularidad de nuestro modelo constitucional.

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